La propuesta socialista relativa a la creación de una ‘Ordenanza de educación y resocialización’, por la cual aquellos ciudadanos que incumplan alguna normativa podrían sustituir la sanción económica por trabajo comunitario, no contó con el beneplácito del Pleno y solo el partido de Fatima Hamed mostró su apoyo a esta iniciativa.
“No siempre la multa es la manera más apropiada para concienciar por los daños ocasionados, la sensibilización sobre las consecuencias ha de ser una pieza fundamental para concienciar a los infractores sobre sus actos”, explicó la diputada socialista, Sumaya Ahmed.
Un razonamiento que no fue suficiente para convencer al Pleno y, especialmente, al portavoz del PP, Carlos Rontomé, que recordó que esta ordenanza existe en nuestra ciudad desde 2011 y regula la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. “Es una medida que no parece efectiva porque nadie ha solicitado la permuta por la multa y esto tiene que ser voluntaria, pero no se ha pedido desde que se implantó”,
Un informe técnico años después, en 2017, constataba la dificultad de llevar a buen término la opción de sustituir las sanciones por trabajos comunitarios.
Ahmed insistió en la necesidad de “concienciar a la gente sobre el coste de sus acciones y las cosas que provocan el deterioro”, pero Rontomé reiteró su postura de que “la ordenanza no puede obligar a hacer trabajos a la comunidad” y añadió que “resocializar es un término excesivo, pero se puede utilizar la vía de la concienciación y mantener las sanciones que son las más efectivas”.
La APP de incidencias en la vía pública
La Ciudad está elaborando un “paquete completo” de teléfono, página web y Facebook para que los ciudadanos puedan poner en conocimiento de la entidad que corresponda cualquier tipo de incidencia. Fue el argumento esgrimido por el consejero de Servicios Urbanos y Patrimonio Natural, Yamal Dris, para justificar el voto en negativo de la propuesta socialista de implantar un servicio de aviso ciudadano que permita alertar sobre distintos problemas detectados en la vía pública.
“No aceptamos su propuesta porque tenemos muy avanzada una APP exclusiva de la Ciudad que está haciendo Procesa con fondos europeos”, explicó Dris. Una aplicación similar a la ya existente en Trace, una “línea verde” por la cual los ciudadanos alertan de la presencia de residuos o enseres en la vía pública y de la que el Ejecutivo formó parte hasta el pasado año “en que hubo un problema con la empresa y la Ciudad dejó de conectarse a esta línea”.
Desde 2014 en que se puso en marcha esta línea verde se recogieron 3.500 incidencias, mientras que el pasado año la cifra se situó en 400, apuntó Dris, añadiendo que la Ciudad tiene intención de realizar una campaña divulgativa para dar a conocer este servicio que, según el consejero, podría estar funcionando en el plazo de unos meses.
