La gestión que está llevando a cabo el Ministerio de Educación en Ceuta no se caracteriza precisamente por ser la adecuada.
Dejemos a un lado el enfrentamiento continuado que la cúpula directiva mantiene con los sindicatos. Una lucha que puede dar pie al eterno debate entre partes, con acusaciones tan radicales que no dejan en buen lugar a los implicados. Pero hay más cuestiones: el caos organizativo en los comedores escolares hubiera provocado en cualquier otra ciudad una cadena de dimisiones. Aquí, en cambio, hemos asistido al espectáculo bochornoso de cómo se pasaban la pelota unos a otros, incluso con anuncios de plazos y partidas económicas que no se han cumplido. Pero no pasa nada, lo único que está en juego es la educación de nuestros hijos, la asistencia normalizada a los centros... algo que para algunas administraciones debe ser residual.
Hoy damos a conocer una sentencia demoledora dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 que, al margen de lo concreto de la misma, deja en evidencia no solo la capacidad de gestión del Ministerio sino también el debido control que no ha ejercido. En dicho dictamen se obliga al Ministerio a rebaremar la escolarización de varios menores cuyos progenitores presentaron unos empadronamientos irregulares, obteniendo así unos puntos que les pusieron por delante de otros que, se ha demostrado, tenían más derecho.
La sentencia viene a dejar claro que la Administración tenía que haber ejercido ese control realizando las gestiones que considerara oportunas, echando mano de los medios a su disposición. Pero no solo no lo hizo, sino que demostró una actitud prepotente cuando los padres que han ganado esta sentencia le pusieron encima de la mesa pruebas que demostraban esas irregularidades. Choca con el Ministerio que encarna la educación este tipo de comportamientos que han terminado con un tirón de orejas a la forma de proceder de la Administración que ha sido, cuando menos, grave.
En el caso que hoy contamos, los afectados quisieron llegar hasta el final para que se hiciera justicia. Pero habrá más padres que han sido víctimas de una escolarización injusta e irregular que habrán optado por conformarse con el colegio asignado, a sabiendas de ser conocedor de injusticias que deberían haber sido demostradas y controladas por la propia Administración.
Si quien está obligado a velar por la legalidad es capaz no solo de mirar hacia otro lado sino también de despreciar aquellos llamamientos que se le están haciendo para que haga valer la transparencia, qué nos queda.
Las injusticias conocidas y permitidas son sin duda las más graves. Si esto lo extrapolamos a la educación, con menores y familias que pueden resultar gravemente perjudicados por actitudes que no están a la altura de lo que se espera, el daño es mucho mayor.
