El reciente escándalo generado con las plazas de Obimasa ha llevado a que el Gobierno de la Ciudad opte por paralizar el proceso.
El anuncio llegaba este martes por boca del portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez. Lo hacía tarde y mal.
Tarde porque desde que se hiciera pública la polémica han dejado pasar días y días en silencio hasta ofrecer una declaración oficial. Por el camino no existió ni un solo comunicado, podían haberlo hecho el mismo día en el que los palos ya empezaban a caer.
Mal porque nos hemos quedado con la impresión de que la clase política es incapaz de controlar lo que sucede en su propia casa. Eso de escurrir el bulto no siempre vale, menos cuando se trata de procedimientos que afectan a la administración.
De no haberse hecho público lo extrañamente anómalo de esas notas elevadas y coincidentes con personas que tienen lazos familiares con la sociedad, nada se hubiera hecho. Es la conclusión que saca el ciudadano, que ya de por sí arrastra un rechazo hacia este tipo de convocatorias. Esto no es bueno.
Lo que ha sucedido, al margen de que se vaya a investigar, debería haber provocado una reacción pronta, inmediata y mucho más contundente de la que hemos conocido.
Es la única manera que existe para no seguir ahogándonos en un pozo de resentimientos, rechazos y recelos hacia el funcionamiento de la administración. Ya bastante tenemos con lo que estamos viendo a todos los niveles para que en algo tan inicialmente sencillo como una convocatoria de plazas la capacidad de reacción haya sido torpe.
