La Ciudad tiene la obligación de chequear el punto y final de las obras. Debería ser así. La adjudicataria no cobra si no termina el trabajo encomendado y si no deja todo en su sitio. Pero se ha hecho costumbre -y eso es malo- el no cumplir con esas revisiones como se debe, dejando obras inacabadas o permitiendo que las adjudicatarias cobren sin hacerse cargo de los destrozos que hayan provocado a su paso. El fin de semana pasado un vecino de la calle Simoa llamaba la atención de lo sucedido en el entorno de su residencia, lugar en donde han hecho varias actuaciones y dejado un reguero de imperfecciones. El afectado se desahogó y lo hizo ofreciendo pruebas a base de fotos y fotos con todas las imperfecciones que, debiendo ser asumidas por sus causantes, quedaron en el olvido. Al final los vecinos ven cómo las empresas se marchan sin cumplir y, peor aún, nadie exige que lo hagan.
Si lo del vecino de calle Simoa hubiera sido algo anecdótico, podríamos pensar que se trata de la pataleta de un protestón. Pero muy al contrario, su queja es representativa de todas las que muchísimos vecinos de Ceuta tienen sobre la forma en que se terminan la actuaciones y la nula respuesta oficial, municipal... en definitiva de la Ciudad por vigilar antes de pagar con dinero público.
Hablamos de obras inacabadas, pero también de las empresas que provocaron daños colaterales en otros bienes y nunca asumieron su responsabilidad. Y hablamos, sobre todo y con la gravedad que tiene, de la nula intervención por parte de quienes deben preocuparse de que las cosas funcionen, de quienes tienen la encomienda de asumir una gestión eficiente y con resultados adecuados. Hablamos de todo esto con el pesar de tratarse de un asunto repetido en el tiempo, de un asunto que, teniendo solución, se queda dormido, enquistado, como si fuera algo asumido y normalizado hasta convertirse en norma de la casa.
Supone una falta de respeto al ciudadano, supone un insulto general y supone una dejación de funciones permitir que esto se extienda, que nos encontremos aceras rotas, barandillas quitadas, bolardos no repuestos... y que los vecinos no tengan a dónde acudir para que su barrio, su calle, su zona residencial siga estando como antes de supuestamente ser mejorada. Esto no se puede permitir. El Gobierno, sabedor, debe actuar y no convertirse en el muro infranqueable incapaz de ser sorteado.
