Decía recientemente el presidente Mariano Rajoy que ningún poder del Estado está por encima de la ley. Esta frase viene como anillo al dedo a la situación que se va a vivir en Ceuta cuando por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad se haga firme la sanción de 1.500.000 euros al Ministerio de Defensa por ser la persona jurídica culpable del incendio que tuvo lugar en el Monte de la Tortuga el 5 de octubre de 2015. Aunque, el propio departamento ministerial ya ha intentado en varios instantes del procedimiento escabullirse señalando que no hay pruebas palpables de haber sido los culpables del inicio de este incendio forestal, lo que no se puede es no asumir las culpas, cuando hasta la propia Comandancia General en un comunicado así lo reconocía. Aparte se pone en duda los informes de los técnicos de la Ciudad Autónoma, en este caso de la empresa municipal de Obimasa, que fueron los encargados de la realización de estos análisis. Suficiente vergüenza fue ya que el Juzgado Togado Militar Central archivara la causa, al no encontrar responsabilidad penal en el Ministerio de Defensa, para que ahora intenten seguir corriendo un tupido velo sobre uno de los fuegos más devastadores que se recuerdan en Ceuta en muchos años. Porque lo que tampoco se entiende es que un organismo oficial, que tienen un plazo de días para la presentación de alegaciones al expediente sancionador abierto por Medio Ambiente, presente fuera de plazo las mismas y lógicamente no se han tenido en cuenta para la realización de la propuesta de sanción. Está muy claro que quien haya metido la pata que responda de sus equivocaciones.
