La Secretaría General de la Asamblea lleva meses pidiendo a los diputados que integraron la Corporación entre 2015 y 2019 que presenten las declaraciones de bienes e intereses de salida que exige el Reglamento de la Cámara autonómica, pero todavía no ha tenido éxito con más de un tercio. Nueve exdiputados (o que repiten tras ser nuevamente electos en los comicios de finales de mayo) no han atendido el requerimiento.
Los representantes de todos los ceutíes tienen la obligación de dar ejemplo también en esta materia, sobre todo cuando el deber de transparencia se ha consolidado cono un principio fundamental de la vida democrática.
Durante años la Ciudad ha sido bastante laxa en el cumplimiento de todas las exigencias que la normativa prescribe en esta materia aunque no exista sanción prevista para quien se las salta. Los electos están forzados a formular una declaración de bienes patrimoniales y otra “sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o puedan proporcionar ingresos económicos” tanto cuando toman posesión (el único momento en el que lo hacen todos, pues sí se configura como requisito inexcusable) como cuando son cesados o cambian sus circunstancias. Además, deben incorporar al Registro de Intereses sus autoliquidaciones tributarias del último ejercicio económico declarado antes de cada 1 de agosto.
Como con la asistencia a los Plenos (salvo causa justificada) para percibir la dieta mensual establecida, la Asamblea debería ser más firme en la reclamación de cumplimiento de estas obligaciones para transmitir una posición ejemplarizante al conjunto de la ciudadanía. Dar margen al descrédito de la política no es una posición institucional aceptable y en las últimas legislaturas diputados de todos los partidos han patinado con lo mismo.
