La Policía Nacional llevó a cabo este domingo el desmantelamiento de parte del campamento que se ubicó en el puerto a pesar de la oposición de barriadas, la propia Autoridad Portuaria, empresas e incluso un consejo de administración que votó en contra y que dio pie incluso a medidas extremas contra algunos de los integrantes.
El ya olvidado ministro Óscar Puente no solo impuso su ocupación, sino que además destiló un bronco lenguaje en sus redes sociales cuestionando y atacando a todo aquel que se había posicionado en este paso dado por el Gobierno central, que vino a ampararse en el visto bueno a un decreto sobre el que luego existió un cambio de opinión que debió haberse tenido en cuenta.
No se hizo. Se levantó un campamento contra viento y marea en donde se han sucedido todo tipo de incidentes e incluso inundaciones de carpas porque, sencillamente, estaba mal ubicado y preparado.
Este domingo, la Policía Nacional llevó a cabo un operativo que, tal y como valora el Gobierno central, se ejecutó para recuperar la normalidad cuanto antes. Desde las cinco de la madrugada, distintas unidades estaban activadas para intervenir, cerrándose el despliegue sin incidentes.
Este primer operativo se tradujo en la liberación por completo de 50 carpas de la AECID ubicadas en muelle de Poniente.
Anuncia el Gobierno que seguirán nuevas operaciones en otros emplazamientos, pero su compromiso queda reducido a esas líneas. No hay más información ni de personas que retornaron a Marruecos, ni de desalojos, tampoco de traslados. El oscurantismo es total: 4 líneas en un grupo de WhatsApp por parte de la Policía y dos párrafos que trasladó la Delegación. Nada más.
El gesto es importante, como todos los que persigan recuperar la normalidad, pero no las formas empleadas, porque más parece que se aborda con oscurantismo un dispositivo porque se evita dar datos.
No hubo esta vez comparecencia del delegado del Gobierno, tampoco intervención del mando único para preguntarle sobre esta incursión policial.
Urgía hacerlo para que la ciudadanía sepa el resultado de un operativo que pudo ser captado de lejos por algunos periodistas y que era uno de los más importantes por el espacio en donde se ejecutó.
La forma de gestionar los pasos dados ante un hecho tan grave como la entrada masiva debe ser más pura, detallista y garantista. Se lo debe el Gobierno de la Nación a los ciudadanos. Hacer lo contrario no puede servir más que para sacar consecuencias que pueden ser equivocadas, pero que son las únicas posibles.
Si un asentamiento como el del puerto, con toda la polémica que arrastró, se queda desmantelado parcialmente, el Gobierno central debe comparecer, dar datos y trasladar todo lo que se ha hecho y por qué.
La postura que se ha adoptado es contraria a una mínima transparencia obligada ante un movimiento de esta índole hecho tras una entrada masiva en la que el Gobierno central no estuvo a la altura, ni antes, ni durante, ni tampoco ahora.
