La Ciudad anuncia que recurrirá la sentencia del crimen de Parques de Ceuta. En la misma se le señala como responsable civil subsidiaria. Se puede estar de acuerdo o no con muchas resoluciones judiciales, los tribunales también se equivocan, pero en este caso concreto las conclusiones son tan aplastantes que cuesta creer que todavía el Gobierno local haya sido incapaz de reflexionar sobre lo que hizo mal y lo que continúa haciendo igual de mal.

A Mª Ángeles la asesinaron. Después llegó el juicio. Su familia tuvo que soportar el dolor de revivir todo aquello y verse incluso señalada. En sentencia, la Audiencia dejó claro todo lo que falló. Habló el máximo órgano judicial sin necesidad de que hablara la calle o los agentes de la propia Policía que hoy, todavía, siguen siendo testigos de una forma de proceder que en ocasiones llega al límite.

Lo saben los jefes, lo sabe la Ciudad.

Puede haber procedimientos, normas y protocolos. Pero los mismos no sirven para nada si permiten que alguien que no es capaz de controlarse siga portando un arma. Si permiten la permanencia de una situación de riesgo, si no son lo suficientemente claros para evitar grietas como la protagonizada por este agente y muchas más incidencias conocidas por la cúpula de la Policía Local.

La postura de la Ciudad me parece cobarde, no hay mejor calificativo que ese. Porque de cobardes es no saber asumir que tus protocolos no funcionan, que permiten fisuras en funcionarios armados y que de esas grietas se puede derivar no solo un asesinato, sino más cosas, desde amenazas en un bar de copas arma en mano hasta perderse con un coche oficial sin que nadie de tus jefes sepa dónde estás y en qué condiciones, por ejemplo.

La institución municipal debe ser responsable y si no lo ha sido tiene sus consecuencias para todos, puesto que la indemnización repercute en el ciudadano. No hay más vueltas. Nunca hubo una exposición tan clara como la recogida en esta sentencia sobre la dejadez absoluta en la que incurrió la Policía. Lo recoge la sentencia y quedó en evidencia en las distintas sesiones de juicio oral a las que quizá podría haber asistido el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, antes de prestarse a hacer valoraciones de manera tan osada.