La Administración debería habilitar los controles efectivos necesarios para que al término de cada obra los ciudadanos no tuvieran que quedarse con las ‘malas artes’ de algunas empresas.
Se nos dice que existe un control para que las adjudicatarias comprueben que todo queda como debe, pero no es así. Las apisonadoras llegan, desarrollan sus trabajos, se marchan y dejan de recuerdo sus destrozos. No son casos aislados, más bien al contrario. Cualquier vecino puede hablar de esas consecuencias, de esas carreteras reventadas por el tránsito de camiones que deberían haber sido arregladas por la empresa en cuestión pero no lo han hecho; de esas aceras destrozadas por el ir y venir de camiones que no terminan de ser arregladas como deben o de esa pavimentación alterada y sin posibilidad ya de arreglo.
Las advertencias de sanciones nunca se cumplen, más si cabe cuando se trata de empresas amigas a las que se les permite de todo. O casi. Los ciudadanos son los que sufren daños y pérdidas en forma de ruedas de vehículos reventadas, zonas intransitables para los peatones, pérdida de comodidad al verse afectadas las infraestructuras de las que gozaban. La Administración, como adjudicataria, es la que debe garantizar que se cumple al 100% el contrato suscrito y eso debe pasar, sin excusa posible, porque no se causen daños que nunca sean enmendados. Faltan controles, pero no debe faltar interés.
