El pasado viernes 6 de noviembre estrenaron en los Multicines Marina de Ceuta la película “Ruega por Nosotras”, del Director Daniel Monzón, sobre el Patronato de Protección de las Mujeres, un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, entre 1941 y 1985, dedicado a la asistencia y reeducación de mujeres jóvenes en riesgo social, pero también un sistema de represión y de control moral de las chicas, que no de los varones.

Es una película que se deja ver por la ambientación de la época, la interpretación de sus actrices y el interés histórico y truculento del guión. Transmite el lado oscuro de este sistema que algunos han calificado como una especie de Gestapo de mujeres a la española. Es una versión ficcionada, pero basada en testimonios reales que se pueden consultar en el documental de RTVE, de 2026, “El Patronato: Histéricas, desviadas, descarriadas”, con documentos oficiales y voces de supervivientes que se atreven a desvelar la historia silenciada de estas mujeres estigmatizadas y encerradas, mujeres a las que se les permitía humillar, pegar, castigar en celdas acolchadas y con puertas blindadas, oficialmente llamadas salas de reflexión.

En estos centros del Patronato, tras ser vigiladas, denunciadas, detenidas, examinadas y clasificadas en función de estar o no “incompletas”. Este organismo estaba coordinado por una Junta Nacional y Juntas Provinciales entre las que se encontraban las Juntas Especiales de Ceuta y de Melilla. Y ahí viene mi pregunta: ¿Conocemos quiénes fueron esas mujeres, cuántas fueron, cuál es su versión de los hechos y el impacto psicológico y socioeconómico que tuvo en sus vidas? Sabemos ya muchas cosas de este sistema de protección y de represión de la mujer, la cara y la cruz: su evolución histórica, su distribución territorial, sus reglamentos, su finalidad, los miembros que formaban las Juntas Provinciales, su plantilla, sus nóminas, las instituciones religiosas encargadas de la asistencia y la rehabilitación, la curiosa figura de la visitadora o celadora encargada de la vigilancia y del acompañamiento, pero en el caso específico de las mujeres que fueron tuteladas o internadas en Ceuta, lo que aún se desconoce y sería conveniente investigar, con miras a fortalecer nuestra memoria histórica y democrática y la posible reparación de daños, sería conocer el número y la identidad de las posibles víctimas en Ceuta, así como el destino de sus expedientes completos de conducta e inmoralidad, la magnitud del trabajo forzado y la explotación laboral, las ramificaciones de las adopciones irregulares y robos de bebés, su testimonio, su valoración, y un reconocimiento por parte de las instituciones y de la sociedad.

Aunque las Memorias oficiales del Patronato detallaban a nivel nacional el volumen de mujeres capturadas o bajo vigilancia, no existe un censo público ni desagregado que determine cuántas jóvenes sufrieron la tutela voluntaria o forzosa de la Junta Especial de Ceuta. Gran parte de los nombres y expedientes locales están custodiados en el Archivo Provincial, pendientes de ser digitalizados y estudiados de forma oficial u académica; sobre todo en lo que concierne a recuperar los testimonios de las personas implicadas o de sus familiares.
En Ceuta la dirección del Patronato parece que estuvo en la calle Beatriz Silva s/n, y la orden religiosa encargada de la misión de protección eran las Adoratrices del Sardinero.

Esta Junta Especial estaba organizada por distintos niveles de autoridad y de funciones:
-Presidencia. Ostentaba la máxima representación de la organización a nivel local. Por lo general, este cargo recaía directamente o se delegaba al Gobernador Militar de Ceuta o a un magistrado de la alta jerarquía judicial del lugar.
-Vicepresidencia. Su función era de apoyo y sustitución en la gestión ejecutiva. A menudo correspondía a una autoridad local de la carrera judicial (un juez de instrucción) o al fiscal jefe de la localidad.
- Secretaría de la Junta Directiva. Era el responsable técnico-administrativo de la institución. Se encargaba de redactar las actas, tramitar los expedientes de custodia, gestionar las comunicaciones formales y coordinar los traslados con la Junta Central de Madrid.
-Miembros institucionales (Consejo de Gobierno Local). La Junta funcionaba de manera colegiada con un cuerpo de miembros que representaban a las clases políticas, religiosas y de orden público de la ciudad:
Oficial de Orden Público: Generalmente el Delegado del Gobierno o el Jefe de Policía de Ceuta, era el responsable de tramitar las detenciones o solicitudes de detención de mujeres "en peligro moral". Inspectores de policía, fiscales del tribunal de menores.
Miembro eclesiástico: Representante del obispado o del clero local de Ceuta, responsable de velar por los preceptos católicos de moralidad.
Representante de Asistencia Social/Sanitaria: Médico, asistenta social, visitadora o celadora, ordenanza, vinculadas a la Sección Femenina de Acción Católica.
-Centros y órdenes religiosas. Se encargaban de la ejecución práctica. Estaban en la base del organigrama funcional. Había dos tipos de centros: centros de detención o centros de observación y custodia (COC). En Ceuta la Junta delegaba la gestión diaria del control de menores y mujeres jóvenes a órdenes religiosas femeninas como las Adoradoras, que actuaban como el brazo ejecutor de las políticas de corrección y custodia de la Junta.

Los programas asistenciales y formativos de la congregación de religiosas de las Adoratrices de Ceuta se estructuraban en torno a tres grandes medidas:
1. El Internado de Protección para "Jóvenes Desamparadas", con una capacidad estable para unas 40 alumnas de entre 14 y 25 años. Eran jóvenes huérfanas o procedentes de familias desestructuradas de la península o de la propia ciudad y alrededores, y mujeres en situación de "riesgo moral" o de exclusión social. A las jóvenes internas se les costeaba todas sus necesidades básicas: vivienda, alimentación, vestido y atención médica. El objetivo era ofrecerles un entorno seguro de aislamiento frente a las duras condiciones de calle. Este programa continúa, en cierta medida, hoy en día a través de los pisos y casas de acogida que aún mantiene esta congregación en la Ciudad.
2. El Programa de Alfabetización y Educación Básica Obligatoria. A través de una Academia y una escuela interna de primera enseñanza se impartían clases de lectura y escritura, aritmética, ortografía, cultura general y formación religiosa/ moral. Tras años de experiencia informal, en 1944 obtuvieron la legalización definitiva como Colegio de Enseñanza Primaria y en 1986 se adscribieron al régimen de Conciertos Educativos del Estado, el actual Colegio Santa María Micaela.
3. Los Talleres Técnico-Ocupacionales y de Alta Costura. Para garantizar que las jóvenes pudieran ganarse la vida una vez salieran del internado, las religiosas desarrollaron un programa de capacitación laboral y doméstica centrado en:
• Taller de Corte y Confección, orientado al patronaje y la costura de ropa diaria.
• Taller de Bordados y Labores Artísticas donde se realizaban, por encargo, minuciosos bordados religiosos, ajuares y textiles de alta calidad, confeccionando y restaurando mantos litúrgicos de gran valor para cofradías religiosas y centros comerciales.
• Economía doméstica y formación integral en la gestión de un hogar.
El Patronato funcionaba mediante denuncias que cualquier particular, familiar o autoridad civil o religiosa podía interponer sobre la "moralidad" de una menor (por ejemplo, por fumar, rodearse de chicos, acudir a salas de fiesta, desobedecer a sus progenitores, corromper a menores, escaparse con su novio, ir acompañada de soldados, quedarse embarazada, abortar, volver tarde a casa...), pero también por vivir en situación de desamparo (chabolismo, enfermedad, pobreza, prostitución, agresiones sexuales por parientes...).

En el Archivo Provincial de Ceuta se dispone de las fichas o informes de las tuteladas, apuntes en los registros de entradas y de salidas y en el libro de actas de las reuniones de la Junta, pero es probable que falten los expedientes completos, quizás custodiados en las propias instituciones religiosas, quizás perdidos, traspapelados. Sin un acceso unificado a estos archivos, es difícil que las supervivientes o los investigadores puedan reconstruir qué se escribió sobre ellas para justificar su encierro, y para que puedan demandar verdad, justicia y reparación.
Además del daño psicológico y moral, muchas de estas mujeres no pudieron trabajar ni cotizar a la seguridad social por el internamiento forzoso, en muchos casos de los 16 a los 23-25 años. Aunque la mayoría de edad durante el franquismo se cumpía a los 21 años, hasta los 25 las mujeres no podían abandonar el domicilio familiar sin autorización paterna. Además, al contraer matrimonio, la mujer perdía su plena capacidad de actuar y quedaba sujeta a la autoridad de su marido. De hecho, necesitaba su autorización expresa (licencia matrimonial) para trabajar, cobrar su propio salario, abrir una cuenta bancaria, comprar o vender propiedades u obtener un pasaporte. Esta discriminación legal contra las mujeres solteras menores de 25 años no se eliminó hasta la reforma del Código Civil de 1972, y la licencia de matrimonio de las mujeres casadas no desapareció por completo hasta 1975.
Muchas jóvenes bajo la tutela del Patronato eran obligadas a realizar trabajos de costura, lavandería o tareas domésticas sin remuneración alguna. En el contexto ceutí, se desconoce el alcance de los acuerdos comerciales o de servicio que la Junta Especial pudo tener con talleres locales o entidades religiosas, centros comerciales o fábricas, beneficiándose de la mano de obra gratuita de estas mujeres. Además de fregar, rezar y algo de estudio, la mayor parte de la jornada la pasaban en los talleres, donde las internas confeccionaban ajuares para las familias ricas o para marcas, que se están intentando investigar, como El Corte Inglés. También parece que montaban envases para firmas como rímel Pinaud o el refresco Tang, pero no he encontrado evidencia sobre ello. Por ese trabajo las mujeres no recibían ninguna compensación económica, pero las congregaciones sí. Cada centro recibía, además, 2.000 pesetas por interna y día en la época de los 70, unos 190 euros con la inflación actual. No he encontrado documentación al respecto pero sí acuerdos para realizar servicio doméstico en casas de particulares, de militares, y para casar a las mujeres con los hombres que las habían “deshonrado” (mujeres caídas o incompletas). ¿Podríamos estar hablando de concertar matrimonios forzados de mujeres jóvenes en una época donde el divorcio estaba prohibido? Este tema sí que me parece especialmente relevante para investigar.
Otro de los capítulos más oscuros del Patronato fue la presión ejercida sobre madres solteras para arrebatarles a sus hijos recién nacidos con fines adoptivos. Dado que Ceuta ha sido históricamente una zona fronteriza, podría ser relevante investigar a fondo cuántos bebés nacidos de mujeres tuteladas en la ciudad pudieron ser entregados de forma irregular a otras familias bajo el motivo de la "ineptitud moral" de las madres biológicas.
A diferencia de otras regiones de España donde se han impulsado algunos homenajes o comisiones de investigación, en Ceuta aún queda por constituir algún espacio dedicado a rescatar y reparar la memoria de las supervivientes de la Junta Especial, si es que las hubo, y también, por qué no, a resaltar los logros del Patronato, que de todo habrá habido en la Viña del Señor.
En 1978, el Gobierno central abolió el Patronato, pero siguió funcionando hasta 1985, años en los que los centros siguieron actuando con más o menos impunidad. En Ceuta, incluso, el Patronato duró un año más hasta 1986. Aunque no se dieron nuevas tutelas, las concedidas previas a la abolición se mantuvieron. En el Archivo Provincial de Ceuta disponemos de documentación desde la fecha de creación de la Junta, el 9 agosto de 1947, hasta 1986. Mucho tiempo y un lugar para la Memoria.






