Los días 22 y 23 de octubre se celebró en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid el Congreso Internacional «Justicia climática, ciencia y derechos. Desafíos y horizontes», organizado en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Tuve la oportunidad de participar en él y de escuchar algunas de las voces más autorizadas que actualmente trabajan en la intersección entre ciencia climática, derechos humanos y gobernanza ambiental.
El encuentro reunió a profesores universitarios, magistrados de tribunales nacionales e internacionales, investigadores y representantes de organismos públicos y privados vinculados al estudio del cambio climático. Resultó especialmente relevante la participación de las dos relatoras especiales de Naciones Unidas en esta materia, figuras de referencia en la defensa de los derechos humanos frente a la creciente amenaza climática. Sus intervenciones aportaron una visión global de un problema que ya no puede entenderse únicamente como una cuestión ambiental, sino también social, económica y jurídica.
Las sesiones no se limitaron al análisis legal. Investigadores del CSIC, responsables de la Oficina Española de Cambio Climático y especialistas de diversos centros internacionales expusieron las bases científicas que sustentan el conocimiento actual sobre la crisis climática. Sus aportaciones permitieron comprender mejor fenómenos como el calentamiento de los océanos, el incremento de los eventos meteorológicos extremos, los efectos cada vez más intensos de El Niño o los riesgos asociados al debilitamiento de determinados sistemas de circulación oceánica fundamentales para la regulación del clima terrestre.
Aunque las conferencias pueden consultarse a través de la página del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y del Canal UNED, quisiera compartir algunas reflexiones que considero especialmente relevantes por su incidencia en el futuro de las políticas públicas y en la capacidad de nuestras sociedades para afrontar los desafíos que ya están presentes.
Una de las intervenciones más destacadas fue la que abrió las jornadas, ofreciendo una excelente síntesis de la situación actual. Junto a la presentación de los datos científicos más recientes, se analizó el complejo contexto geopolítico en el que debe desarrollarse la acción climática. No solo preocupan los impactos físicos observables del calentamiento global. También inquietan el cuestionamiento creciente de algunos organismos internacionales, las dificultades presupuestarias que afrontan determinadas instituciones y el debilitamiento de normativas ambientales en distintas regiones del planeta. A ello se suma una realidad cada vez más evidente: la crisis climática amplifica desigualdades preexistentes y golpea con mayor intensidad a quienes disponen de menos recursos para adaptarse a sus consecuencias.
Su mensaje fue claro: resulta imprescindible frenar los procesos de desregulación ambiental, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y apoyar aquellos sistemas productivos que contribuyen simultáneamente al desarrollo económico y a la conservación de los ecosistemas. En este sentido, se subrayó la importancia de fortalecer la agricultura familiar, la pesca artesanal y las comunidades indígenas, cuya aportación a la preservación de la biodiversidad está ampliamente documentada por la investigación científica.
Especial interés tuvieron también las intervenciones de magistrados y expertos vinculados a tribunales internacionales. Una idea apareció de forma recurrente: los jueces no están llamados a diseñar las políticas climáticas, pero sí a exigir a los gobiernos el cumplimiento de los compromisos asumidos. Los principios de responsabilidad internacional están adquiriendo una importancia creciente a medida que se multiplican las demandas relacionadas con los impactos climáticos y la protección efectiva de los derechos humanos.
Durante las jornadas surgió además un concepto particularmente sugerente: la ecoesperanza. No se trata de un optimismo ingenuo ni de confiar ciegamente en futuras soluciones tecnológicas. Es, más bien, la convicción de que todavía estamos a tiempo de reducir los riesgos asociados al cambio climático si actuamos con decisión y sin demora. La esperanza, en este contexto, no es una emoción pasiva, sino una responsabilidad colectiva basada en el conocimiento científico y en la capacidad de las sociedades para transformar sus modelos de desarrollo.
Otra de las cuestiones que más me hizo reflexionar fue la dedicada a los grupos vulnerables. Los expertos distinguieron entre «ser vulnerable» y «estar en situación de vulnerabilidad», una diferencia aparentemente sutil pero de gran importancia práctica. Entre los colectivos especialmente afectados destacan las personas con discapacidad, que encuentran barreras adicionales cuando se producen fenómenos extremos, evacuaciones o interrupciones de servicios esenciales. Es precisamente en estos casos donde la justicia climática adquiere una dimensión profundamente humana.
Los investigadores fueron igualmente contundentes al señalar que los riesgos asociados al cambio climático están sólidamente respaldados por décadas de evidencia científica. Sin embargo, insistieron en que la magnitud final de sus consecuencias dependerá en gran medida de nuestra capacidad para adaptarnos y, sobre todo, de la eficacia con la que se transmita la información a la ciudadanía. Combatir la desinformación y los bulos constituye, por tanto, una herramienta tan importante como la innovación tecnológica o la regulación jurídica.
Porque afrontar el cambio climático requiere inversión económica, avances tecnológicos y voluntad política. Pero exige también una ciudadanía informada, capaz de distinguir entre el conocimiento científico y la manipulación interesada. Sin información rigurosa no hay participación democrática de calidad. Y sin conocimiento compartido difícilmente podremos construir respuestas justas y eficaces ante uno de los desafíos más trascendentales de nuestro tiempo.
