El profesor Juan Torres López, economista y catedrático jubilado de universidad, acaba de publicar un esclarecedor folleto titulado 15 mentiras sobre las pensiones públicas. El documento puede difundirse libremente siempre que se respete su contenido y se cite su autoría.
Y merece ser difundido porque aborda una de las campañas de desinformación más persistentes de las últimas décadas: la que intenta convencer a la ciudadanía de que las pensiones públicas son un lujo insostenible condenado a desaparecer.
No es una discusión nueva.
Desde hace años escuchamos advertencias sobre una quiebra inminente del sistema, una amenaza que siempre parece estar a la vuelta de la esquina, pero que nunca termina de llegar. Mientras tanto, se repite machaconamente que habrá que trabajar más años, cobrar menos y confiar cada vez más en planes privados de ahorro.
Juan Torres sostiene que muchas de esas afirmaciones no son verdades económicas objetivas, sino relatos interesados que se presentan como inevitables para evitar que la ciudadanía debata alternativas. Y ahí reside el valor de su trabajo: recordar que las pensiones no son únicamente una cuestión contable, sino también una cuestión social, política y democrática.
La primera gran mentira es afirmar que las pensiones públicas son insostenibles. España no es un país pobre ni carece de recursos para sostener a sus mayores. La verdadera pregunta no es si existe riqueza suficiente, sino cómo se distribuye y qué prioridades colectivas se establecen para financiar los servicios públicos.
Otra idea repetida hasta la saciedad es que no hay dinero para pagar las pensiones. Sin embargo, nunca ha habido tanta riqueza acumulada como en la actualidad. Lo que sí existe es una creciente concentración de esa riqueza en menos manos. Resulta llamativo que se considere inasumible garantizar unas pensiones dignas mientras apenas se cuestionan otros gastos o privilegios económicos.
También se nos dice que el envejecimiento de la población conduce inevitablemente al colapso del sistema.
La demografía influye, por supuesto, pero no determina por sí sola el futuro. Si fuera así, numerosos países europeos con poblaciones más envejecidas tendrían sistemas inviables, y la realidad demuestra justamente lo contrario.
Quizá uno de los argumentos más eficaces desde el punto de vista propagandístico sea presentar a los pensionistas como una carga para los jóvenes. Esa imagen enfrenta artificialmente a unas generaciones contra otras.
Sin embargo, basta observar la realidad cotidiana para comprobar que millones de familias han sobrevivido a crisis económicas gracias precisamente a las pensiones de sus mayores. No existe una guerra entre generaciones; existe una comunidad de intereses entre quienes hoy trabajan y quienes mañana esperan jubilarse.
Tampoco resiste un análisis riguroso la afirmación de que el sistema público funciona como una estafa piramidal. Una estafa se basa en el engaño y carece de respaldo real. El sistema público de pensiones se apoya, por el contrario, en la riqueza que genera la economía y en la solidaridad intergeneracional que sustenta cualquier sociedad moderna.
Especial atención dedica el profesor Torres a la insistente promoción de los sistemas privados de pensiones. Quienes anuncian la supuesta ruina de lo público suelen presentar como alternativa obligatoria los fondos privados vinculados a los mercados financieros. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que estos modelos no garantizan mejores prestaciones y trasladan a cada ciudadano riesgos que hoy asume colectivamente la sociedad.
La experiencia chilena constituye probablemente el ejemplo más conocido. Durante décadas fue presentada como un modelo de éxito. Con el paso del tiempo, los resultados obligaron al propio Estado a intervenir para paliar pensiones insuficientes que dejaban a miles de personas en situaciones de vulnerabilidad.
Entre las quince falsedades analizadas aparece también una especialmente peligrosa por su aparente sensatez: la idea de que no existe alternativa y de que todos los ajustes son inevitables.
Cuando una decisión política se presenta como una imposición técnica, desaparece el debate democrático. Y precisamente eso parece perseguirse cuando se repite que las pensiones son un problema matemático sin solución posible.
La tesis final de Juan Torres puede resumirse de forma sencilla: las pensiones públicas no están amenazadas por ninguna ley natural. Dependen del empleo, de los salarios, de la productividad, de la fiscalidad y, sobre todo, de la voluntad política para protegerlas.
Coincido plenamente con esta reflexión. Hace tiempo escribí sobre el mito de la quiebra del sistema de pensiones y sigo pensando que el verdadero peligro no es económico, sino cultural. Se pretende convencer a los ciudadanos de que renuncien de antemano a derechos que generaciones anteriores conquistaron con enorme esfuerzo.
Las pensiones públicas no son una concesión graciosa del Estado ni una anomalía histórica destinada a desaparecer. Son uno de los pilares de la cohesión social y una de las expresiones más nobles de la solidaridad entre generaciones. Por eso conviene desconfiar de los discursos catastrofistas que anuncian constantemente su final. Con demasiada frecuencia no pretenden describir el futuro, sino condicionarlo
