El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta dictó este martes
sentencia condenatoria contra los 9 inmigrantes subsaharianos que si se han sentado en el banquillo de los acusados ha sido gracias a una investigación desarrollada por la
Guardia Civil, con implicación de los grupos de Información y Policía Judicial. La conformidad entre las partes evitó la celebración de juicio oral y un acuerdo que si bien se traduce en una condena, lo hace bien lejos de los 8 años de prisión que solicitó el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación inicial. Año y medio de cárcel: esa es la pena por los delitos de daños agravados, desórdenes públicos y lesiones leves causadas a 18 agentes de la Guardia Civil. El magistrado Fernando Tesón fue el encargado de leer la sentencia in voce y también el de comunicar que la Sala no aceptaba la suspensión de esa condena que habían solicitado las dos defensas de los inmigrantes. De momento los condenados no ingresan en prisión al existir un recurso que las dos letradas que defienden a los 9 subsaharianos deberán presentar ante el TSJA.
La Audiencia no condena la organización de un salto masivo a la valla, como se quiso difundir en la amplia mayoría de los medios de comunicación. Lo que la Audiencia condena es
la forma en que se llevó a cabo dicha entrada y lo hace porque hay una Fiscalía que acusó al existir una investigación previa de la Guardia Civil que dio con la identificación de los implicados:
un dirigente, un lugarteniente y ocho jefes de grupo. Diez en total, aunque uno de ellos nunca fue juzgado al no existir prueba suficiente de cargo contra su persona.
Fueron 9 los condenados y
602 las personas que entraron aquel 26 de julio de 2018 por el vallado. Las investigaciones en torno a las grabaciones de las cámaras del COS, otras de medios de comunicación y, sobre todo, las manifestaciones de testigos protegidos llevaron a que la Guardia Civil de Ceuta pudiera identificar a los que consideró principales implicados. Algo que, por ejemplo, no se ha conseguido con otros subsaharianos. Todavía no ha habido órgano judicial que haya condenado la entrada de personas por un perímetro como de manera insistente se difundió en varias informaciones publicadas. Lo que este martes se condenó fue los daños agravados causados (con un año de cárcel y multa de 12 meses con una cuota de 5 euros diarios), los desórdenes públicos (con seis meses) y las lesiones a 18 guardias civiles, con multa de un mes a 3 euros diarios.
Los 9 condenados deberán indemnizar con 10.790 euros a los guardias civiles por las lesiones que sufrieron, con 1.644 euros a la Dirección General de la Guardia Civil por el material destrozado y con 10.511 euros al Estado, por el gasto invertido en el arreglo del vallado.
Como hechos probados el tribunal recogió que sobre las 6.00 horas del 26 de julio de 2018 existió en Ceuta una acción premeditada con empleo de cizallas, lanzallamas, piedras y botes con cal viva y heces por parte de los condenados para cruzar el vallado. Esa entrada la protagonizaron 602 subsaharianos que venían de Marruecos. Las personas estaban organizadas y coordinadas por el acusado, alias ‘León’, y su lugarteniente, alias ‘Escorpión’.
Se dividieron en tres subgrupos delimitados que eran dirigidos por ocho jefes para entrar en Ceuta a la altura de Berrocal, usando la fuerza contra las cosas y la violencia contra las personas. Estos inmigrantes llevaban radiales eléctricas portátiles que les facilitó la organización y con las que cortaron la valla para así violentarla y cruzar sin la necesidad de saltarla, porque simplemente la reventaron. Una vez que accedían a España, para alterar el orden y la paz social, los acusados dieron directrices al resto para usar la violencia contra la Guardia Civil.
Usaron lanzallamas caseros, piedras, heces y productos abrasivos y aunque los agentes tenían escudos y máscaras antigás para protegerse, a pesar de ello sufrieron lesiones de diversa entidad.
En total resultaron heridos un total de 18 agentes de la Benemérita con diversas lesiones y además hubo otro tipo de daños, como los 10.500 euros que se gastó en arreglar el vallado, 556 euros que costó el daño causado en un vehículo oficial; en ropa y material fueron más de 2.000 euros además de efectos diversos.
Los guardias civiles mostraron a sus abogados su visto bueno a la conformidad fijada mientras que, por la otra parte, los inmigrantes querían terminar con este proceso que ha impedido su salida a la Península, rechazando por tanto la celebración de juicio. Llevan más de un año en el CETI, controlados por las fuerzas de seguridad, mientras que los demás participantes en aquella entrada masiva ya se encuentran en España o en distintos países de la UE.Todos los inmigrantes mostraron de manera individual estar de acuerdo con la sentencia que fue por el magistrado presidente de la Audiencia, Fernando Tesón, y traducida por uno de los intérpretes judiciales. Solo uno de los condenados expresó ante el Tribunal que aunque estaba de acuerdo no entendía cómo de los 602 inmigrantes que cruzaron solo se les acusa a ellos.
La Sala acordó, tras casi 45 minutos de deliberación, no suspender la pena tanto por las circunstancias en que se produjeron los hechos como por la falta de arraigo en el país de todos los condenados, algo que no garantiza que vayan a afrontar el pago de las indemnizaciones, razón suficiente para negar esa suspensión.
Las defensas anunciaron que recurrirán la decisión de la Sala de no suspender esa pena de prisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Exclusivamente contra esa parte ejecutoria de la sentencia cabe recurso de apelación ante este órgano superior que deberá pronunciarse al respecto.
Los condenados regresaron al CETI en donde permanecerán hasta la resolución del recurso.
La organización del juicio que no se tuvo que celebrar
La Audiencia llevaba tiempo preparando el juicio que finalmente, tras alcanzarse una conformidad entre las partes, no tuvo que celebrarse. Estaban preparados decenas de guardias civiles para declarar por videoconferencia, ya que se trataba de miembros de los GRS que en aquel entonces estaban destinados en Ceuta. Además se había preparado la declaración de un testigo protegido bajo todas las medidas de seguridad posibles. Y se iba a escuchar las declaraciones de los agentes de Policía Judicial que, junto con Información, llevaron a cabo la investigación en base a la cual se pudo identificar a los 9 acusados, además de poder situarlos como piezas en la entrada que el Instituto Armado consideró organizada.
Control de la Policía sobre los inmigrantes
Durante todo este tiempo que ha transcurrido hasta la vista judicial los inmigrantes han permanecido en el CETI controlados por la Policía. Así seguirán hasta que se sepa la postura que mantiene el TSJA en relación al recurso que van a interponer las defensas de los 9 condenados. La dirección del centro tiene la encomienda de controlar a todo el grupo para dar información puntual de que permanecen en nuestra ciudad. Fuentes cercanas a los inmigrantes apuntan que para ellos el periodo de bloqueo que han padecido desde la entrada ya es una “cárcel”. Siempre han negado su participación en un plan ideado para atacar a las fuerzas de seguridad de la Guardia Civil, a pesar de haber aceptado la conformidad.