La falsa gestoría que engañaba a marroquíes prometiéndoles renovaciones de pasaportes o permisos de residencia no hace más que sumar víctimas. El trabajo realizado por la UCRIF de la Policía Nacional de Ceuta, enmarcado en la Operación Bolero, deja casos en los que la vulnerabilidad de los estafados evidencia hasta dónde llegaba este despiadado negocio.
En estos días la Policía ha recogido más denuncias de estafados. Los agentes sospechan que el número es incluso mayor del que ya se conoce -alrededor de una veintena-.
El miedo de los afectados, muchos en situación irregular, puede ir en contra de saber las dimensiones reales de esta máquina del delito.
La UCRIF detuvo a 3 personas en el operativo dispuesto el pasado 29 de noviembre. Una pareja de Ceuta y un marroquí que servía de enlace para captar a las víctimas dándoles a conocer la facilidad con la que podían resolver unos trámites imposibles en muchos de los casos debido a las restricciones fronterizas que obligan a tener visado para el cruce por el Tarajal.
Ese enlace captó en simples cafeterías a muchos de los estafados al conocer su situación. Así promocionaba el éxito de esta falsa de gestoría supuestamente de confianza que renovaba pasaportes marroquíes caducados a cambio de 2.000 o 2.500 euros. Un trámite que supuestamente podían realizar gracias a los contactos que los implicados decían tener en los consulados.
Este marroquí se presentaba como uno de los afortunados a los que, previo pago, le habrían solucionado su situación. Era una manera de engatusar a quienes, desesperados, daban todo lo que tenían por conseguir la renovación de su pasaporte marroquí caducado o el logro de una residencia.
El modus operandi funcionaba con apariencia de legalidad. Cuando los estafados daban el dinero se les entregaba un resguardo, una especie de documento falso que servía como prueba de que se estaban haciendo esos trámites.
Se aprovechaban así de la ignorancia de unas personas que en muchos casos no conocen bien el idioma, no saben del funcionamiento de la administración y se ven marcadas por necesidades económicas.
Muchas de las víctimas son marroquíes que quedaron atrapados en Ceuta, que no pueden volver a su país porque de lo que aquí ganan depende el sustento de sus familiares. No han conocido a hijos nacidos durante el cierre del paso fronterizo ni han visto crecer a los que dejaron pequeños.
El cómplice en esta trama, el marroquí encargado de las ‘captaciones’, era como una especie de traductor para las víctimas. Les prometía que a través de esta falsa gestoría se tenía acceso a acreditarles cualquier tipo de documento.
Por cada servicio que se ofrecía se fijaba un precio. En el caso de renovación del pasaporte marroquí entre 2.000 y 2.500 euros, alcanzando sumas de 10.000 si se ponía sobre la mesa la tramitación de la residencia. Hay incluso un caso que desembolsó 13.000 euros.
En muchas de las situaciones conocidas el dinero se pagaba en tres fracciones: 750 euros al principio, cuando recibían un resguardo que era una prueba falsa documental que les llevaba a entregar de buena fe otros 750 más. Al final abonaban otros 500 haciendo la suma de los 2.000 o incluso 2.500 para la renovación de un pasaporte que recibirían en un plazo de 29 días.
Pasado el tiempo sin novedad empezaban las sospechas y las excusas por parte de la falsa gestoría. Se llegó a comunicar a alguno de los afectados que en el consulado de Algeciras habían detenido al enlace encargado de la renovación del pasaporte para justificar los retrasos.
En el caso de los trámites de residencia seguían el mismo modus operandi, entregando un justificante de la Oficina de Extranjería falso para que pensaran que lo tenían aprobado. Al pasar el tiempo y no obtener respuesta las víctimas intentaban contactar con los detenidos que ya los habían bloqueado en el móvil.
La vulnerabilidad de las víctimas se repite en todas estas historias. Se trata de hombres que quedaron atrapados en Ceuta durante el periodo del confinamiento habiendo recibido aquí el apoyo de familiares y amigos. Son trabajadores honrados que llevan años trabajando en la ciudad y que han perdido todos sus ahorros.
Antes del cierre del Tarajal podían cruzar la frontera a pie con el pasaporte verde sin problema. Ahora, con el documento caducado, no podrían obtener el permiso transfronterizo con la rapidez debida para seguir manteniendo a sus familias.
Volver a Marruecos supone no regresar a Ceuta, lo que se traduce en miseria para sus seres queridos. Precisamente esa penosidad fue lo que les hizo caer en la trampa de solucionar su situación de forma rápida perdiendo lo poco que tenían e incluso lo que pudieron reunir con ayuda de amigos.
Los detenidos están investigados por delitos de estafa, apropiación indebida, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental. Durante la operación de la UCRIF se intervinieron numerosos documentos como pasaportes marroquíes, otros análogos a los presentados por las víctimas/perjudicados y otros a nombres de personas de nacionalidad marroquí a los que se quiere identificar.
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