Más de 40 organizaciones han firmado un manifiesto en contra de la
frontera inteligente que el Gobierno trabaja en implantar en Ceuta y
Melilla, para lo que ha previsto una partida de más de 4 millones de euros. Una manera de acabar con el caos o con ese no saber ni lo que entraba ni lo que salía por Tarajal a lo que aludía la
delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, en una comparecencia ante los medios de comunicación. Entre las ONG se encuentran SOS Racismo (Madrid y Catalunya), Stop Mare Mortum, Oxfam Intermon, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Associació de Software Lliure Decidim, Red Acoge, Conciencia Afro, Caminando Fronteras, Rights International Spain, la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe o la Federación de Organizaciones por la justicia global de Catalunya (Lafede.cat). Consideran que este tipo de frontera de inteligencia artificial puede vulnerar los derechos. Con el manifiesto se exige la aplicación de la
regulación de la Inteligencia artificial y la protección de datos también en la frontera, ámbito exento de la regulación europea actualmente; la derogación del Reglamento de la UE que permite el reconocimiento facial, así como la presencia de observadoras de derechos humanos en las actuaciones fronterizas o la necesidad de implantar tecnologías auditables, entre otras peticiones. El manifiesto suma una extensa red de organizaciones del ámbito de los derechos humanos, la cooperación internacional, el antirracismo, los derechos digitales y la soberanía tecnológica, o las actuaciones en frontera. El texto señala cómo el uso de la inteligencia artificial puede suponer la vulneración de derechos fundamentales propiciada por la recopilación de datos biométricos.
Quejas por la violación de la privacidad
También se apunta a la violación de la privacidad que puede implicar la recopilación de estos datos biométricos por parte de personas que, estando en una situación de vulnerabilidad, cuentan con menos mecanismos de protección, o de garantías, por ejemplo, para reclamar o defenderse frente a errores o abusos que se puedan derivar de la recopilación de dichos datos. Este sería el caso, por ejemplo de los falsos positivos y falsos negativos que se producen en el reconocimiento de rostros no caucásicos, como recoge el estudio Face Recognition Vendor Test (FRVT) de 2019 del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EEUU, siendo las personas subsaharianas y las asiáticas las más perjudicadas por este tipo de errores. En la medida en que la implementación de la frontera inteligente viene promovida también por la lucha antiterrorista, el manifiesto muestra su preocupación porque estos mecanismos tecnológicos contribuyan a la criminalización y discriminación de personas racializadas. Las más de 40 entidades reclaman que se facilite la tarea de fiscalización y control por parte de la sociedad civil y demandan que se pongan a disposición de la sociedad civil y las personas afectadas auditorías independientes, incluyendo la implementación de mecanismos de control y atribución de responsabilidades personales y políticas. El texto se suma a las múltiples denuncias públicas que arrastran las actuaciones en frontera, ya que "los controles fronterizos son espacio de potencial vulneración de derechos".