Varias entidades se han unido para sumar fuerzas y tumbar las
devoluciones en caliente que siguen produciéndose en Ceuta y Melilla con las entradas de inmigrantes por el
vallado que separa ambas ciudades de Marruecos. Estas oenegés piden que se adapte la legislación a la sentencia del Tribunal Constitucional que imposibilita este tipo de expulsiones sumarias. Se trata de Andalucía Acoge, APDHA, CEAR, Elín, Federación SOS Racismo e Iridia quienes instan al
Gobierno, una vez más, “a cumplir con sus compromisos y eliminar la Disposición Final Primera de la Ley Mordaza que adiciona la Disposición Final Décima a la Ley de
Extranjería, a través de la que el Gobierno del PP quiso dar cobertura jurídica estas expulsiones”, exponen en un comunicado. El texto de esta disposición establece en su primer párrafo que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. “Tras conocer la noticia de que los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, habían alcanzado por fin un acuerdo para la derogación de esta normativa, el Ejecutivo ha comunicado su intención de extraer este tipo de prácticas de la Ley Mordaza para llevarlas a la Ley de Extranjería, sin profundizar más en la cuestión”, advierten las oenegés, quienes recuerdan cómo numerosos organismos de Naciones Unidas han denunciado ya esta práctica realizada por España y han reiterado la necesidad de modificar la legislación española y poner fin a la ejecución de devoluciones sumarias “que vulneran los derechos más básicos de las personas migrantes”, añaden.
Preocupación por estas prácticas y recuerdo de las leyes
Las organizaciones sociales han expresado su preocupación ante esta falta de concreción, al considerar que la única legislación posible al respecto es su prohibición expresa, al ser una práctica contraria a los derechos humanos. Las entidades sociales recuerdan que “el Tribunal Constitucional no avala las expulsiones colectivas en la frontera, ya que este tipo de rechazos solo podría responder a procesos individualizados, con pleno control jurídico, cumpliendo con el derecho internacional, y se tengan en cuenta las situaciones de especial vulnerabilidad (menores, mujeres, embarazadas, etc.) o el derecho al asilo de la persona”, indican. “Las políticas y leyes, cuyo objetivo es frenar y limitar la migración, solo sirven para exacerbar los riesgos a los que se exponen las personas, y crear zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras. Unas fronteras que no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Los estados tienen derecho a ejercer la jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme a sus obligaciones en esta materia”, concluyen.