El fenómeno okupa ha terminado por convertirse en un auténtico problema en la ciudad. La crisis provoca que cada vez sean más aquellos que se introducen en una vivienda por la fuerza, generando un problema a su legítimo dueño y engordando las cada vez mayor número de denuncias que llegan al juzgado. La indefensión de los dueños, la carga de los jueces y los reclamos de quienes ocupan las casas se dan la mano en una situación que se recrudece especialmente en algunas barriadas como Hadú, en donde hay bloques ocupados íntegramente por familias, muchas de ellas marroquíes y sin papeles.
La Policía sospecha que detrás de estos movimientos de ocupación hay tramas organizadas, es decir, individuos que se dedican a controlar los pisos que quedan vacíos para avisar a las familias que querrán ocuparlo. A cambio de este enlace se llevará una pequeña comisión. Los hay además que simulan tener parte en esa vivienda y termina cobrándoles un pequeño sueldo a los okupas, bajo amenaza de acudir a la Policía. Y así nos topamos con una clara situación de indefensión que ha llevado a muchos propietarios legítimos a presentar la denuncia, judicializar el caso y tener que buscarse otra casa porque la suya en propiedad está ocupada.
Detrás de la ristra de casos que ya se encuentran judicializados (el Ministerio Fiscal reconoce el aumento en este tipo de denuncias) hay historias para dar y tomar. Desde la dueña que se ha visto obligada a pagarse una pensión o un piso de alquiler porque el suyo fue ocupado mientras se encontraba de vacaciones, hasta la familia propietaria de todo un inmueble que ha visto como sus intenciones de vender las casas se han visto frustradas por decenas de okupas que se han hecho propietarios de todo el solar. Así ha ocurrido por ejemplo con un bloque entero de pisos en Hadú y otro en Grupos Alfau.
Los okupas enganchan la luz del alumbrado público y siempre dejan a un miembro de la familia dentro de la casa, para ejercer de vigilante por si llegan las fuerzas de seguridad. Con la vivienda cerrada a cal y canto, éstos no podrán entrar por la fuerza a no ser que el caso se haya resuelto judicialmente. Y eso tarde. Y bastante.
La Ciudad Autónoma invierte un millón de euros en el programa de alojamiento alternativo del que se benefician 389 personas cuyas viviendas estaban en ruina. Es tal la demanda que se ha tenido que inyectar 400.000 euros más a la partida. De esos 389 figuran 80 personas que han sufrido algún desahucio. Detrás del movimiento okupa hay de todo: individuos que denuncian que los alquileres están muy elevados y se ven obligados a adueñarse de lo que no es suyo, o incluso jóvenes que se han marchado de sus casas por discrepancias familiares. Servicios Sociales estudia cada uno de los casos a los que se presta ayuda económica, pero muchos de estos demandantes ni acuden a solicitarla. La patada en la puerta les resulta efectiva.
