El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acordado la adscripción al Ministerio de Política Territorial de un inmueble propiedad de la Seguridad Social, ubicado en la calle Real de Ceuta. La adscripción se ha acordado por un plazo de 30 años.

El local, que estaba sin uso, se destinará para la prestación de servicios al ciudadano por parte de la Delegación del Gobierno de Ceuta. En concreto, albergará una oficina de asistencia en materia de registro, una unidad de autorizaciones y sanciones, una unidad de prevención de riesgos laborales, una unidad de violencia de género, una oficina de extranjería y una comisión de asistencia jurídica gratuita.

Además, en el local, de 1.687 metros cuadrados, también se ubicarán las áreas de Fomento, Trabajo y Sanidad de la Delegación de Gobierno. Se trata en definitiva poner en valor un edificio singular y céntrico para mejorar la atención que reciben los ciudadanos de Ceuta por parte de la AGE.

Esta adscripción se ampara en la reforma del Real Decreto 1221/92 sobre el patrimonio de la Seguridad Social aprobada el pasado mes de enero, que simplifica y facilita la colaboración entre la Seguridad Social y otras administraciones, permitiendo el uso de inmuebles que no estén siendo utilizados para adscribirlos a fines de utilidad pública.

El Ministerio de Política Territorial se hará cargo de las obras de remodelación integral del edificio.

En Oviedo, Cádiz, Ceuta y Madrid

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acordó este viernes la adscripción de cuatro inmuebles propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social que estaban sin uso a cuatro administraciones públicas situadas en Oviedo, San Fernando (Cádiz), Ceuta y Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Según el departamento dirigido por José Luis Escrivá, tras las adscripciones, tendrán usos sanitarios, de servicios al ciudadano y de atención a personas migrantes.

En Ceuta, este inmueble de 1.687 metros cuadrados, se destinará a diversas áreas de servicio al ciudadano por parte de la Delegación de Gobierno de la ciudad autónoma por un plazo de 30 años.