El acceso a las oficinas de asilo ubicadas en el Tarajal se ha colapsado este lunes ante el efecto llamada que ha supuesto la salida de algunos marroquíes de Ceuta a la Península. La Policía ya advertía que esto iba a pasar y hoy se han vuelto a ver las escenas de aglomeraciones de aquellos que entraron en la crisis de mayo, tanto para ser atendidos porque tenían cita como para pedirla. Las colas han bloqueado todo el acceso al espacio fronterizo.
Hasta la oficina han acudido muchos varones de manera individual pero también familias, todos para ser atendidos por la Policía encargada de atender estas solicitudes. La gran mayoría es admitida a trámite lo que supone la posibilidad de, cumplido el periodo contemplado, moverse por todo el territorio nacional sin veto alguno. Esto ha llevado ya a que marroquíes con esa solicitud admitida para su estudio hayan salido ya a la Península, lo que ha llevado a incrementar el número de personas que han acudido al Tarajal.
Esta misma semana se conocía el primer dato oficial en torno al asilo, ya que en solo un mes se han registrado más de 300 solicitudes, superando en solo ese periodo todas las de 2020.
A ese asilo se aferran todos aquellos marroquíes que no quieren volver de manera voluntaria a su país, también los que intentan evitar las devoluciones que se están produciendo y que Marruecos acepta solo en el caso de los que tienen alguna relación con las entradas de mayo.
La oficina de asilo, que fue inaugurada por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, nunca funcionó como tal y ha sido precisamente ahora cuando está funcionando al completo atendiendo todas las peticiones que llegan y contando con asistencia letrada para los inmigrantes así como presencia de oenegés para comprobar el procedimiento llevado a cabo.
Por su parte la Delegación del Gobierno ha comunicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cumpliendo con la legislación vigente, facilitará la movilidad de todos los solicitantes de asilo que se encuentran en Ceuta cuya solicitud haya sido admitida a trámite. A partir de ese instante, la Policía, debe realizar una serie de trámites para documentar a estas personas, las cuales, deben aportar preceptivamente un domicilio, al que se puedan remitir las notificaciones sobre el procedimiento que tienen abierto. Si dicha solicitud es desestimada, se les aplicará el correspondiente expediente de expulsión.
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