La 'persecución' tributaria a los funcionarios que simultanean su actividad laboral en Ceuta con su vida familiar en la Península ha saltado el Estrecho de Gibraltar. La administración de la Agencia Tributaria (AEAT) en Algeciras ha remitido cartas a distintos funcionarios con destino en Ceuta que tienen una vivienda en el Campo de Gibraltar a los que acusa de no residir de forma “efectiva” en la ciudad autónoma más allá de sus obligaciones laborales, según apunta Europa Sur. El objetivo, explican amparándose en la denuncia interpuesta por la Asociación de Afectados por Hacienda, es privarles de las ventajas y deducciones fiscales para los residentes ceutíes, entre ellas la de pagar un 50% de IRPF, según, que entiende que lo hace sin fundamentos e incluso sin competencia para ello. El colectivo tiene contabilizados por ahora cincuenta casos y revela la existencia de una primera querella criminal por prevaricación de un Guardia Civil que “viene soportando” la incoación y tramitación sucesiva de expedientes sancionadores y comprobaciones por parte de la AEAT de Algeciras. Según la Asociación de Afectados por Hacienda, lo que busca la oficina de Algeciras es beneficiarse de un plus por fraude descubierto que puede suponer un incremento de 14.000 a 20.000 euros anuales y que sus funcionarios cobran en el momento de realizar la liquidación provisional. Hay afectados guardias civiles, policías nacionales, funcionarios de prisiones, enfermeras, médicos y bomberos, entre otros. La historia comenzó en Ceuta, donde la Agencia Tributaria empezó hace años a enviar cartas a funcionarios acusándoles de beneficiarse de las ventajas fiscales de la Ciudad Autónoma sin residir allí. “Son personas que por cuestión de trabajo residen en Ceuta pero su familia la tienen en el Campo de Gibraltar. La calidad de vida es mejor y la vivienda es más barata en la comarca. Desplazar a una familia entera a Ceuta supone una infraestructura que no les merece la pena. Son gente que tienen una vivienda en Algeciras o parte de su familia reside aquí, pero la persona que tiene los ingresos y que está produciendo está en Ceuta”, relata un portavoz de la asociación. “En una declaración conjunta si un contribuyente vive en una Comunidad Autónoma y el otro en otra, el competente es el que genera los ingresos”, matiza.
La querella de un Guardia Civil por prevaricación
“Al principio, cuando el jefe de gestión de Ceuta mandaba las cartas muchos no recurrían por desconocimiento o por miedo. Ese dinero ya lo había ganado el funcionario de la Agencia Tributaria en su productividad. De los que recurrían casi todos se ganaban, pero algunos no. Pero incluso cuando se le daba la razón al contribuyente, ya habían sumado el plus”, narra la asociación, que decidió entonces comenzar a interponer querellas (muestra fallos a favor de los contribuyentes del Tribunal Económico Administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) para que el funcionario que firmaba la carta fuera el que respondía. En Ceuta paramos porque dejaron de mandar cartas y devolvieron parte del dinero”, continúa el portavoz. La asociación entiende que “viendo que en Ceuta conseguían bastante recaudación, en Algeciras, la administradora ha hecho lo mismo para intentar beneficiarse”. “Esto se debería resolver por la vía administrativa, en un contencioso, pero vamos por la vía penal porque ya se la avisado. Hemos interpuesto varios recursos de nulidad advirtiéndole de que no es competente, le hemos presentado la norma y ha reaccionado con varias irregularidades, inventándose leyes, contestando a esos recursos cuando tampoco es competente para eso, enmascarándolo para que no saliera de su propia oficina. Todo para cobrar esa productividad”, denuncian. El colectivo explica el caso de este Guardia Civil que tiene una vivienda en Algeciras, pero está trabajando y vive en Ceuta, por lo que tiene derecho a unas deducciones. “En caso de que no sea así la oficina que tiene que reclamarle es la de Ceuta, no la de Algeciras. Pero aquí al ver el chollazo que ha encontrado ha dicho: ‘yo también quiero la parte del pastel que me corresponde’. Le da la vuelta a la norma, se declara competente en base al domicilio supuesto y actúa”, relata Afectados por Hacienda, que acusa a la Agencia Tributaria de prolongar el proceso con procedimientos burocráticos, a veces sin seguir el procedimiento, para que llegue el mayor número de casos posibles a la liquidación provisional, momento en el que se cobra el plus por fraude descubierto. Ante el recurso presentado, la oficina de Algeciras “solo habla del fondo, la residencia, no de la cuestión de la competencia, en base a una jurisprudencia antigua, cuando no existía ni el IRPF”. Además acusa a la Agencia Tributaria de ocultar datos: “Se basa en que a esta persona le habían abierto liquidaciones anteriores y habían ido hasta el Tribunal Económico Administrativo y no le había dado la razón, pero no dice que ha ido al Tribunal Superior de Justicia y ha ganado casi 40.000 euros que le habían quitado”, concluye el colectivo.