Los ocupantes del edificio ubicado en Salud Tejero número 13 no están dispuestos a desalojar sus casas y menos al comprobar que la documentación presentada por la empresa que supuestamente adquirió sus viviendas no se corresponde a la totalidad del edificio.
Según detallan en el escrito de interposición del recurso de apelación presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta, la empresa que les denunció por usurpación, sólo adquirió en subasta una finca sita en la calle Dueñas número 19 con una superficie construida de 267 metros cuadrados, sin embargo, pese a que comparten la misma referencia catastral, el edificio donde se ubican las viviendas está en la calle Maria Salud Tejero número 13 y se trata de otra superficie a la aportada en los planos por la empresa, el día de la vista oral en la cual se les dictaminó que debían desalojar sus casas.
En este recurso, el abogado que asesora a las seis familia que habitan en este edificio incorporó documentación donde se detalla que la empresa adquirió 267 metros cuadrados de un total de 515 metros, compuesto por tres partes diferenciadas: una en Dueñas 19, que es la que presuntamente ha comprado la empresa de construcción y dos ubicadas en Maria Salud Tejero número 11 y 13, que es donde están las viviendas ocupadas.
El abogado advierte que “en un desalojo no te puedes equivocar de puerta” y denuncia que no se ha comprobado in situ la situación de los ocupantes.
De igual manera, en el recurso se apela a la prescripción del delito de usurpación, aportando pruebas de que la totalidad de estas familias se empadronaron en este edificio en un intervalo de tiempo comprendido entre 2009 y 2012, no en 2017 como presentó la empresa denunciante. De esta forma y apelando al tipo de delito, éste ya habría prescrito, explica el abogado.
En la cuestión del empadronamiento, la sentencia que dictamina su desalojo voluntario el próximo 30 de junio también obliga la Ciudad a eliminarlos del padrón, cosa que hizo ayer mismo, alegando en su día que era un empadronamiento ilegal. No obstante, el letrado reitera en su escrito que el empadronamiento se hizo de una forma legal, tal y como lo exigían los requisitos de esos años y recuerda que esa residencia fue verificada.
Tanto el abogado como los mismos inquilino no niegan que las viviendas en las que habitan fueron ocupadas, sin embargo, no están dispuestos a renunciar a los que han sido sus hogares, sobre todo ahora que se han percatado que la superficie adquirida por la empresa de construcción que les pretende echar, no se ajusta al espacio que ellos están ocupando. El problema es que no creen que respondan a este recurso antes que los desalojen.
