Fueron muchas las líneas de investigación que se pusieron encima de la mesa, se habló incluso de la obtención de imágenes grabadas a través de cámaras, de las sospechas sobre un grupo determinado, sobre el hallazgo de pistas... pero al final, nada de nada. Todas las quemas, menos las recientes todavía en investigación, se han cerrado sin concretar la autoría de las mismas.
No hace ni un mes que el propio delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, pedía que no se alarmara a la población, reclamando a los sindicatos policiales más mano izquierda para no sacar del tiesto este tipo de atentados. Ni los agentes sociales ni los propios policías piensan lo mismo que el delegado. Se sienten víctimas del sistema y de una situación delincuencial que está repuntando. “Esto no es cosa de críos”, espeta un agente de la Benemérita. Aquí hay algo más.
Y ese ‘algo más’ supera el atentado particular dirigido hacia un agente en concreto o hacia una unidad, tal y como sucedió con la UDYCO en la época más dura de los disparos y las detenciones en cascada. Ese ‘algo más’ se refiere a la ristra de atentados que sufren de forma ya rutinaria los vehículos oficiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las unidades de la Guardia Civil y las de la Nacional son objeto de ese lanzamiento de piedras con motivo de relevos o patrullas rutinarias. En este caso no les apedrean por aburrimiento, detrás de estos actos hay una reacción negativa a lo que suponen ambas fuerzas y la acción que llevan a cabo.
Asociaciones como la AUGC meten todo en el mismo saco, advierten de que se trata de atentados en toda regla contra los agentes y sus familias, que también sufren el efecto psicológico de esa acción criminal.
El vacío en el número de detenciones no hace sino aumentar esa preocupación. Las miras, como en el caso de muchos tiroteos, se centran en los menores, a menudo utilizados como ‘servicio de información’ para quienes luego van a llevar a cabo esta práctica. Quienes provocaron las dos últimas quemas de coches particulares sabían perfectamente que eran propiedad de un guardia civil y un policía nacional y conocían a la perfección la barriada en la que residen así como el horario de sus servicios. Ese control es el que más preocupación genera en ambos cuerpos y mayor temor genera en las familias que están detrás de las víctimas.
Sindicatos policiales como el CEP denunciaban la vuelta a los ‘viejos tiempos’, Delegación no quiere alarmismos pero se muestra también molesta por la situación a la que se está llegando. Una situación que reducida a puros datos estadísticos sitúa la balanza a favor, cien por cien, de los delincuentes.
Los peligros de no disponer de vestuario
La Asociación Unificada de Guardias Civiles dedicaba una de sus últimas colaboraciones en ‘El Faro’ a los peligros derivados de la ausencia de vestuario para los agentes. Hablaban de los perjuicios que esto genera, así como de la identificación que hacen los delincuentes de los vecinos que salen de sus casas vestidos de guardias civiles y vuelven al hogar con la misma vestimenta. Hechos como la quema del coche particular de un agente el pasado fin de semana dan actualidad a esta colaboración y reabren el debate sobre los medios de que disponen los agentes que prestan servicio en las plazas de Ceuta y Melilla.
