Septem Nostra señala que se ha violado la Ley de Patrimonio y expresa su preocupación hacia el Conjunto Histórico afectado
La tan comentada y criticada, por parte de asociaciones y ciudadanía, tala de árboles en las inmediaciones de la Catedral acaparó todas las miradas y comentarios. Sin embargo, la polémica obra de la
Gran Vía no solo ha afectado al
patrimonio medioambiental, también al cultural, respecto al que Septem Nostra vuelve a poner el ‘grito en el cielo’ y acusa al Gobierno de la Ciudad de violar y “saltarse a la torera” la Ley de Patrimonio Histórico. En este sentido la asociación señala que el Ayuntamiento estaba obligado a elaborar un Plan Especial de Protección para el Conjunto Histórico que se encuentra en la zona donde se están acometiendo las obras. El presidente de la asociación, José Manuel Pérez Rivera, expresa que el aspecto patrimonial tiene una doble concepción en el ámbito de actuación de la obra. Por una parte, explica, se encuentra la zona arqueológica que se extiende a todo el área que comprende dicha reforma bajo la cual existe una “importante sedimentación”. Una materia en la que “sí están hechos los deberes”, ya que existe un informe previo y “me consta que las obras están supervisadas por un técnico”. Sin embargo la polémica se desata cuando sale a la palestra el plano del Conjunto Histórico. Un tema complicado porque, explica Pérez Rivera, se sobreviene una confusión terminológica por parte de la Ciudad. “Ellos entienden por Conjunto Histórico, únicamente, los elementos que se encuentran en el perímetro afectado por las obras, sin embargo no contempla la superficie, que es lo que realmente se entiende con ese término”, arguye. Por lo tanto, dicho Conjunto Histórico abarcaría lo que se conoce como recinto de la ciudad, “desde el Foso de las Murallas hasta el Foso de la Almina”, y que abarca zonas como el Paseo de las Palmeras, la calle Independencia o la Plaza de África. Asimismo, el presidente de Septem Nostra expresa que, incluso, ateniéndose al concepto que se entiende desde la Ciudad “dicho conjunto se ve igualmente afectado” y, por ende, se remite a la citada ley que determina “la obligación para el municipio o municipios de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada, considerada Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, como Bienes de Interés Cultural, por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística”. Además, recoge que la obligatoriedad de dicho plan “no podrá excusarse en la preexistencia de, otro planeamiento contradictorio con la protección, ni en la existencia previa de planeamiento general”.
"Se va a llevar a cabo un cambio de rasante y de alineación sin que se recoja en un Plan Especial"
La mayor preocupación para la asociación, manifiesta Pérez Rivera, es cómo se va a ver afectado el entorno. “Una zona sensible que ha permanecido estática al paso del tiempo”. En su opinión “debemos conjugar el respeto por el patrimonio heredado y un compromiso de conservación respecto a las generaciones venideras”. Pero más allá de ello, se ampara nuevamente en la legislación. “El paisaje urbano se va a ver afectado, una cuestión prohibida por ley. Como ejemplo de ello se va a llevar a cabo un cambio de rasante y de alineación sin que ello este recogido en un Plan Especial de Protección. Ese cambio de altura y de modificación de las calles no lo están respetando, se están saltando la ley como quieren”, declara. De hecho la ley expresa que “hasta la aprobación definitiva de dicho plan no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones”. Es, precisamente, ésta la cuestión hacia la que tanta “preocupación” muestra la asociación. Ya que, no se oponen a dicha reforma, sino al procedimiento que se ha escogido para implementarla. Echan en falta una exposición pública del proyecto y tildan de preocupante el incumplimiento de la ley. “El criterio fundamental de esta obra debería haber sido el mantenimiento y realce del patrimonio existente, y no su discriminada eliminación”.
La necesidad de una exposición pública del proyecto
La asociación ha demandando en reiteradas ocasiones la necesidad de una exposición pública del proyecto. Expresa Pérez Rivera que se podrían haber evitado situaciones como la tala de árboles y el de la carencia de un Plan Especial de Protección. “Los ciudadanos no hemos podido expresar nuestra opinión sobre la necesidad y oportunidad de abordar esta reforma, si se nos hubiese brindado dicha coyuntura podríamos haberlo enriquecido o evitado daños al patrimonio natural y cultural”, declara.