A pesar de las constantes demandas presentadas por Caballas sobre los peligros y amenazas que las futuras obras de remodelación de la Gran Vía puedan generar en los bienes patrimoniales del entorno, la Comisión de Patrimonio informó “favorablemente” acerca del citado proyecto.
En la misma se presentó un estudio elaborado por técnicos de la Consejería de Educación y Cultura en el que se investigó con precisión cómo podrían afectar a los BIC, tales como Catedral o Basílica Tardorromana, los trabajos que se realicen en sus inmediaciones, concluyendo que no se verán perjudicados por las reformas.
Sin embargo el grupo de la oposición insiste en que el Proyecto Integral de Remodelación de la Avenida Sánchez Prado que también incluye la Plaza de África, calle Jáudenes y aledaños afecta de lleno a los ámbitos protegidos de la Basílica Tardorromana, Catedral y resto de la muralla.
Por ello en su última carta remitida al consejero de Fomento, Néstor García, acusa al Gobierno de incurrir en un delito de prevaricación al ignorar la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la cual obliga a exponer al público los proyectos que afectan a espacios protegidos.
Caballas acusa al Gobierno de prevaricación por ignorar la Ley del Suelo
“El Proyecto Integral de Remodelación de la Avenida Alcalde Sánchez Prados, plaza Virgen de África, calle Jáudenes y aledaños es un instrumento de ejecución urbanística que desarrolla el PERI Gran Vía de Ceuta y afecta a los ámbitos protegidos de la Basílica Tardorromana y Muralla y la Catedral de Santa María de la Asunción”, le exponen al consejero.
Con la misma adjuntan varios documentos de los bienes en cuestión, y a lo largo de los mismos desarrollan una presentación con la que realzan la importancia de estos y concluyen con el posible “entorno afectado” en el que se encuentra el citado bien.
El informe de la Consejería y su posterior valoración en la Comisión de Patrimonio dictaminó que esas “zonas afectadas” que señala Caballas no serían tales, pues la obra en cuestión que transcurre por las vías o entorno adyacente consisten en “un cambio de acerado”, es decir, una separata o cambio de la acera actual que “no tendrá una repercusión negativa, ni supondrá amenaza alguna”.
La Comisión, como órgano consultivo de la Consejería, analiza cómo afectan a los BIC las obras que se articulan en sus entornos, informando a favor o no sobre dicho proyecto al órgano impulsor.
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