En 2018 la
Ciudad contactó con el Obispado de Cádiz y Ceuta para solicitar la ocupación de espacios que tenían libres con vistas a acoger
menores extranjeros no acompañados. Se trataba de la antigua residencia Nazaret o el centro de San Antonio. La
Iglesia, que sigue teniendo esos mismos espacios vacíos, contestó que nada podía ofrecer y la Ciudad tuvo que recurrir a los famosos iglús para atender a los menores para los que no había habitaciones suficientes en ‘La Esperanza’.
En mayo de este año, cuando Ceuta asistió a la mayor crisis provocada por Marruecos que se materializó en la entrada de más de mil menores, el Gobierno de la Ciudad se vio obligado a reconvertir un polígono empresarial como el Tarajal en una especie de albergue improvisado metiendo menores en naves. También tuvo que reabrir Piniers y ampliar su capacidad así como habilitar un pabellón deportivo que no reúne las condiciones, transformándolo en centro de menores. Hasta la propia Fiscalía ha reconocido que no son lugares para que permanezcan durante tanto tiempo unos niños, pero ha sido la medida de urgencia posible ante un panorama delicado, ante una situación sobrevenida a la que había que dar respuesta rápida.
La antigua residencia de Nazaret sigue vacía al igual que el otro centro dependientes ambos del Obispado, mientras Ceuta intenta contener una situación a sabiendas de que en cualquier momento puede estallarle en las manos.
El Obispado sigue teniendo vacías instalaciones que podían servir de acogida
Este pasado viernes, la Conferencia Episcopal Española zanjaba la polémica generada por los obispos catalanes en torno a los indultos a políticos vinculados al ‘procés’. Y lo hizo de una manera ciertamente hipócrita, aludiendo a su necesaria labor de ayuda a los inmigrantes poniendo especial atención a las crisis de Canarias y a la de Ceuta.
Hablan de fraternidad, del “nosotros” y reclaman un “sistema que normalice la migración legal y segura a largo plazo”, llamando a la sociedad a “acoger, proteger, promover e integrar”. Conceptos que chirrían con una realidad inamovible: en Ceuta hay instalaciones propiedad del Obispado cerradas, mientras en la calle sigue habiendo menores expuestos a todo tipo de abusos y cientos acogidos en lugares que, en eso sí están de acuerdo todos, no son idóneos a ojos de gobernantes y oenegés, amén de otras instituciones.
El pasado junio
Caballas pidió que no solo el Obispado sino también la propia Comandancia General cedieran instalaciones para acoger a menores. No obtuvo respuesta, a pesar de que ambos disponen de espacios a los que no se da uso y que podrían servir de albergues mucho mejor preparados y menos costosos para las arcas municipales.
La Conferencia Episcopal habla de ayuda migratoria que no se aplica en Ceuta
Por parte del Obispado de Cádiz y Ceuta se ha optado por ni siquiera contestar, evitando cualquier tipo de reacción ante una crisis gravísima, sobre todo por lo que afecta directamente a unos menores cuyas reagrupaciones están siendo, de momento, inviables.
Aunque
el rey de Marruecos comunicó que todos los MENA que habían cruzado en mayo debían volver a su país, lo cierto es que no ha permitido el regreso de ninguno de ellos ni ha acelerado los mecanismos al más alto nivel para posibilitar una medida que parece estar más enmarcada en el puro marketing.
En los pocos casos en los que los padres han reclamado a sus hijos, se han topado con la imposibilidad de llegar hasta el lado fronterizo marroquí del Tarajal para que los funcionarios del área de Menores hagan entrega de los mismos a sus progenitores, siendo por tanto inviables, imposibles de ejecutar.