A última hora de la tarde, cuando no queda casi nadie, los niños que viven en la calle se acercan a la unidad móvil donde encuentran a Chaima Charef, psicóloga, y a las educadoras sociales Malika Abdeselam y Nayat Abdeselam, un botiquín y ropa y calzado si falta, una charla si se necesita, un rato sin golpes ni con la mirada. Un oasis. Cuando hace ahora algo más de un año, el Gobierno de la Ciudad y la Universidad de Málaga echaron a andar el Proyecto de Prevención de la Delincuencia de Menores Extranjeros Solos en las Calles de Ceuta (Premedece), a través del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (IAIC) y el Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI), las únicas candidaturas que se recibieron para trabajar en él fueron de mujeres.
Las tres parecen gestionar con mucha más eficacia que todas las instituciones con todas sus Policías el fenómeno de los
menores extranjeros no acompañados (MENA) que rechazan la tutela de la Administración, “30 ó 40” en los momentos de mayor número aunque los políticos han llegado a hablar de 80 atizando el fuego de la alerta social.
Un rato antes, en la sala que, dos horas un día por semana, cede una oenegé al proyecto, casi veinte de esos menores, cada vez más pequeños, trabajan en la “legitimidad policial”. En la puerta, la profesora titular de Derecho Penal y Criminología de la UMA Elisa García-España, que coordina una iniciativa “pionera en España y en Europa”, explica que la experiencia y el conocimiento científico demuestran que cuanta más confianza tienen en la Policía “sienten más compromiso para cumplir las normas”.
El ambiente es el de cualquier aula con un grupo de edades parecidas. En verano la higiene es mejor porque el calor y la playa ayudan. En invierno, incluso en Ceuta, es más difícil.
Con menos de 100.000 euros al año, una ronda para una Administración como la de Ceuta que maneja más de 300 millones de euros por ejercicio, seis días por semana salen a la calle de 17.00 a 23.00 horas Charef y las dos Abdeselam, a las que a veces acompañan doctorandos del OCSPI, García-España o la coordinadora del proyecto, Jacqueline Carvalho, que cada noche revisa que el parte diario de trabajo con todos los menores contactados y atendidos, incidencias y demás estén cumplimentadas.
El objetivo del equipo es “prevenir la delincuencia y la victimización” con “una intervención personalizada y especializada” sobre los menores que rechazan las medidas de asistencia de la Ciudad “por miedo a ser repatriados, por frustración, por conflicto de intereses con el centro de acogida, por falta de adaptación, por los atractivos de la calle, etcétera”. El “reto” es “encontrar soluciones individualizadas y duraderas que permitan su establecimiento a largo plazo en condiciones de normalidad y estabilidad”.
Aunque cada vez disponen de menos espacio (en la zona abierta del muelle de Poniente incluso se ha vallado la explanada que servía de campo de juego), ese rato los niños en peligro que en algún momento indeterminado se convirtieron en peligrosos para la sociedad caballa no suponen ningún riesgo. Se reparten petos azules y amarillos y disputan un balón entre risas y dos porterías, como querría cualquiera.
No hay en su rutina diaria muchos ratos así, para bajar la guardia y extender las manos. El grupo del Premedece dice que cada día se registra un pequeño terremoto: este que llega con lesiones y heridas más o menos graves, aquel que necesita hablar, uno sin calzado, otro que se ha pasado con estupefacientes... “Es fundamental tener un equipo así sobre el terreno para fomentar el autocontrol y reducir tensiones entre los propios menores, promover el contacto con las familias no disruptivas, para hacer curas, para poder dar asistencia psicológica...”, dice García-España.
Alrededor de la unidad móvil, cuando se diluye el recelo a la cámara, brotan sonrisas, saludos al llegar e irse, orden para repartirse el teléfono móvil con el que, en turnos de no más de diez minutos en los momentos de mayor afluencia, los menores pueden llamar o enviar mensajes de texto y audio a sus familias. Elisa García-España apunta que “la mayoría” de los entornos de los niños con los que se entabla contacto responden de forma positiva, al menos con interés por su estado.
Tras trabajar con “unos 150 menores” a lo largo de unos 9 meses de calle, el equipo del Premedece explica que “la mayoría” llegan con “entre 16 y 17 años” aunque “cada vez son chicos más jóvenes, hasta de once y menos, sobre todo de Castillejos y su entorno, hasta Tetuán, y del área de Tánger, muchos sin haber terminado siquiera Educación Primaria pero otros incluso con Secundaria”, perfila.
Amin Chukri es de Tetuán y tiene 16 años. Dice que encadena tres años en Ceuta entrando y saliendo de ‘La Esperanza’, adonde ha vuelto ahora, pero solo chapurrea el español. La Administración socialista llegó con el compromiso de acabar con la exclusión de los MENA del sistema educativo pero mientras espera poder devolverlos a Marruecos casi no ha avanzado nada.
“Rutinas sanas”
Para el grupo de la UMA es primordial generar “rutinas sanas” en los chavales. “Crear hábitos”, que diría José Antonio Marina. Obvio, en sus actividades no hay drogas, ni tabaco, pero sorprende, más prejuicios, que tampoco hay chicos fuera de sí. Chaima Charef, que lleva tres meses trabajando, traduce emocionada al chico: “Aquí”, dice el joven marroquí, “nos ayudan y nos hacen sentir personas con dignidad que merecen un respeto”.
Por no tener los supervivientes del Puerto no tienen en la calle ni dónde encontrar agua. La agotan en enero y es fácil intuir la tortura que será en julio o agosto aunque hay negocios, los menos, que les dan comida al final de la jornada y personas que les acercan fruta.
La psicóloga y la criminóloga coinciden casi palabra por palabra en algo: “Estos chicos no tienen ni afecto ni disciplina”, dice Charef. “Son adolescentes sin control, sin un sistema de normas con sus consecuencias, ni afecto para sentirse escuchados, respetados y partícipes en la toma de decisiones”, amplía García-España. “A veces pueden ser muy cafres pero yo tengo un hermano que también lo es, mucho”, añade la primera con ironía.
“Contrarreloj”, porque si no se tiene ‘éxito’ entre comillas, que también se ha logrado, y una familia no viene a recoger a un niño, lo más probable es que embarque hacia la península en pocas semanas o meses (los que llevan medio año o más en la calle se cuentan con los dedos de una mano), el Premedece, a cuyas integrantes se les exige controlar dariya, se centra en proporcionar nociones básicas de “formación y educación”, de trato con las instituciones y las autoridades... El proyecto se esfuerza, por ejemplo, en llevar a todos los niños del Puerto a la Policía Nacional para que queden reseñados y, a partir de ahí, se pueda seguir su pista.
“No estamos aquí para que desaparezcan ni para ocultarlos sino para reducir tensiones y para darles la protección que legalmente merecen ante el enorme riesgo que sufren de ser víctimas de personas o redes que les utilicen con fines delictivos, de explotación sexual, etcétera”, refiere la responsable.
Empeoramiento progresivo
En ese marco, García-España y su equipo han apreciado que los niños de la calle “suelen” llegar a Ceuta en relativamente buen estado físico y que el empeoramiento progresivo de su situación se agudiza, sobre todo, a partir de los cuatro meses, el momento en el que se agravan los problemas de adicción a los inhalantes u otras sustancias, una peligrosa salida de emergencia en un mundo difícil en el que las chicas no son bien recibidas porque, creen, dificultan el objetivo prioritario de entrar en un barco.
“Cada niño es un mundo”, combate García-España la criminalización genérica de los MENA, un colectivo para el que la psicóloga, las educadoras y el resto del personal del grupo que ejercen como “las figuras adultas capaces de aconsejar, acompañar y ayudar en caso de necesidad”. “Creo que estamos obteniendo mejores resultados de lo que esperábamos”, valora.
El Área de Menores acogió el año pasado a 3.344 MENA, un 446% más que en 2017
‘La Esperanza’ alberga a 295 jóvenes marroquíes, 60 en los módulos prefabricados
El Área de Menores de la Ciudad Autónoma registró durante todo 2018 un total de 3.344 entradas de niños y adolescentes extranjeros no acompañados (MENA), la inmensa mayoría varones de nacionalidad marroquí (solo se contabilizó a 42 chicas).
Esa cifra supone un incremento del 446% con respecto a los datos de 2017, año en el que se acumularon 802 ingresos en los centros dependientes de la Administración (‘La Esperanza’ y ‘Mediterráneo’, ya que la Administración local, a diferencia de otras, no duplica datos con ‘Punta Blanca’).
El equipamiento de Hadu, que concentra la mayor presión, ha cerrado esta semana con un total de 295 jóvenes en sus instalaciones, sesenta a cargo de la empresa SAMU en los módulos prefabricados instalados para aliviar la sobreocupación del inmueble, y 235 en el edificio.
El incremento exponencial del número de ingresos ha superado “con creces” la capacidad de los centros propios y ha puesto “al límite” la capacidad de la Ciudad, según el Gobierno, para continuar garantizando “la seguridad y la salud de los menores atendidos y de los profesionales que los atienden”.
La sobreocupación de las infraestructuras “imposibilita”, según los técnicos, una atención adecuada a los menores, “daña gravemente la convivencia entre ellos y da problemas de seguridad, tanto para estos como para los profesionales, que se encuentran desbordados y con escasas posibilidades de prestarles atención y cuidados que precisan en unos momentos tan delicados como la llegada y la recepción”.