Nuria González: "Los vientres de alquiler son trata de personas"

Abogada y “activista feminista y por los derechos humanos”, Nuria González (Barcelona, 1981), acaba de publicar en Ceuta ‘Vientres de alquiler. La mala gente’ (Eolas Ediciones), “una herramienta de destrucción masiva de todos los discursos a favor de la explotación reproductiva”.

¿Quién es la mala gente de la que habla?

Yo ya había publicado un libro titulado ‘Vientres de alquiler’ que básicamente era mi tesis de final de máster. A partir de ahí nace ‘Vientes de alquiler. La mala gente’, que incluye el primero como estudio jurídico y que va más allá porque es una investigación sobre un hecho que viola todos los derechos humanos que te puedes imaginar, que no es otra cosa que una vuelta a la esclavitud, a la compra y venta de personas como en el siglo XVII. Profundizo en cómo puede ser legal en doce o trece países y tolerado en otros como el nuestro, en el que se llama violencia contra las mujeres pero no se hace nada para evitarlo con casos como el de Ana Obregón, que lo ha puesto de nuevo en el candelero.

¿Aborda el fenómeno desde todas sus perspectivas?

La investigación aborda quién está promocionando todo esto, de dónde viene y cómo es posible que en la Europa de los supuestos derechos se da una compra-venta de personas o una explotación gratuita de menores y mujeres. Es una argumentación jurídica sobre por qué esto es inadmisible en cualquiera de los casos, incluido el de la gratuidad supuesta, y sobre cómo ha ido evolucionando esta práctica en el mundo, en Europa y en España, donde la Generalitat de Cataluña lo promociona desde su página web.

¿En qué países es legal recurrir a vientres de alquiler?

La lista no llega a veinte y nunca ha pasado de esa cifra. La evolución más reciente es curiosa porque tiene mucho que ver con la guerra de Ucrania. Ese era el país que más niños exportaba del mundo porque tenía un modelo completamente comercial y muy barato en un Estado con salarios mínimos medios de 200 euros y las mujeres en una situación de precariedad y violencia absoluta antes de la guerra. Ucrania tenía una industria comercial de niños...

¿Qué significa “barato”?

Que a lo mejor por 30.000 euros podías tener un chiquillo... Si lo comparas con Estados Unidos, donde te cuesta 150.000 o 200.000 dólares... La diferencia no es porque las mujeres cobren más, porque siempre perciben muy poco, sino porque los tratamientos médicos son mucho más caros.

¿Cuál ha sido la repercusión de la guerra en Ucrania?

Con la guerra la producción en cadena de seres humanos para su venta a través de los vientes de alquiler se ha visto frenada, pero las mismas empresas ucranianas han llevado el negocio a países de América latina como México y Colombia. En el primer país ya era legal en dos estados para mexicanos y en el segundo están aprobado una norma a toda velocidad para legalizarlos como ‘adopción desde el viente’, un concepto siniestro y retrógrado que tiene su referente en una propuesta de ley de Ecuador, uno de los países más conservadores del mundo y donde el aborto no está permitido, por ejemplo.

¿Cuál es el marco en España?

Hipócrita. Los vientres de alquiler están tipificados en el Código Penal, prohibidos por la legislación y la jurisprudencia del Supremo... Van contra los derechos humanos de las mujeres, de los niños y el orden público, ya que se trata de alterar la filiación artificialmente. Sin embargo, hay una rendija legal abierta en 2010 a través de una instrucción interna del Ministerio de Justicia que permite que los trámites realizados en los consulados se puedan solo con documentos oficiales del otro país. Para inscribir un niño a tu nombre solo necesitas un papel del país en el que estás diciendo que es tuyo, con independencia de cómo ha llegado a serlo. No tienes que inscribir una partida de nacimiento ni una sentencia de adopción, basta con un papel, aunque hayas comprado un niño, como es el caso de Ana Obregón.

¿Cuántos niños han llegado a España procedentes de vientres de alquiler?

Unos 4.000 desde entonces. Hasta 2010 solamente había seis peticiones en los consulados españoles de todo el mundo. En comparación con los 10 millones de niños que han nacido en España en estos años son muy pocos, pero 4.000 son más que seis. El problema es que mientras el Gobierno el Supremo dicen que es algo que no se puede hacer, de hecho se hace.

¿Cómo se podría evitar?

Anulando esa instrucción, así se cerraría la única puerta que hay en España a los vientres de alquiler. En nuestro país teóricamente no se puede explotar a una mujer, pero en el extranjero sí, aunque recientemente también hemos conocido casos internos en los que hay personas que han acabado en la cárcel y niños bajo la custodia de la administración. Cuando la Fiscalía actúa hace lo que tiene hacer y también debería hacerlo con quienes van al extranjero y no apelar a un supuesto interés del menor que debería primar su derecho a vivir con una familia que no compra niños.

Es una contradicción.

Como si lo comparamos con los procesos de adopción, que son larguísimos e incluyen un montón de controles en favor del interés superior del menor para que no caiga en manos de cualquier local. Aquí, sin embargo, no se hace ningún control porque manda el mercado. El Estado está siendo totalmente negligente y se trata de una competencia exclusiva del Ministerio de Justicia. La relatora de la ONU acaba de describir los vientres de alquiler como trata de personas, que es lo que es.

¿Todos los países tienen esa “rendija”?

No. Si Alemania detecta un caso el niño pasa automáticamente a la tutela del Estado. En Francia también está completamente prohibido. Solo está permitido en Grecia desde 2014, cuando se vendía el país por islas y alguien pensó que podía ser un buen negocio usando mujeres albanesas, ucranianas, macedonias... Si aquí se legalizasen seríamos un país de paridoras y todas rutas de trata mujeres traerían para su explotación reproductivas.

¿Algún partido aboga por ello?

El único partido que lo hacía era Ciudadanos, ya desaparecido. El PP puso una idea parecida sobre la mesa, pero la retiró inmediatamente.

¿Y para suprimir la instrucción?

El Gobierno de coalición PSOE-Podemos incluyó en su acuerdo programático eliminar los vientres de alquiler, pero no ha hecho nada porque no ha querido, por eso las feministas no nos creemos absolutamente nada.