El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una reforma integral del reglamento de la Ley de Extranjería que tanto han pedido Ceuta, Melilla y Canarias para gestionar la situación de los menores inmigrantes no acompañados, y que, según el Gobierno de Pedro Sánchez, facilitará la regularización de unos 300.000 inmigrantes cada año durante el próximo trienio.
Según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se trata de la modificación "más ambiciosa" de este texto desde su entrada en vigor hace 13 años.
Entre las principales novedades, destaca la reducción del tiempo de permanencia necesario para acceder a las figuras de arraigo, que pasa de 3 a 2 años. Además, todos los visados tendrán una duración inicial de un año, se refuerza la protección para los trabajadores de temporada y se flexibiliza la reagrupación familiar.
En palabras de la ministra, la reforma busca acortar plazos, simplificar procedimientos y aportar más garantías jurídicas, en línea con las necesidades del mercado laboral español, la legislación europea y el reto demográfico del país.
Una de las medidas estrella es la reformulación de los tipos de arraigo, pasando de cuatro (social, laboral, familiar y formativo) a cinco modalidades: social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad, esta última de nueva creación. Los requisitos se flexibilizan y los beneficiarios podrán trabajar desde el primer momento, con autorizaciones de un año de duración, salvo la familiar que será de cinco.
Otro cambio significativo es la creación de un título específico para los visados, que simplifica los procedimientos y establece que todas las autorizaciones iniciales serán de un año y las renovaciones de cuatro. Esto evitará situaciones de irregularidad sobrevenida. Tampoco será necesario abandonar España para obtener la residencia de larga duración tras una estancia temporal. Además, se amplía el visado para búsqueda de empleo de tres meses a un año.
El nuevo reglamento apuesta por la inclusión de la población extranjera a través del trabajo, la formación y la familia. La mayoría de autorizaciones habilitarán para trabajar desde el inicio, incluidos los estudiantes. Se crea una autorización específica para actividades de temporada que mejora la protección de los trabajadores, con información clara sobre sus condiciones y posibilidad de cambiar de empleador en caso de abuso.
En el ámbito formativo, los estudiantes extranjeros tendrán una autorización de estancia inicial acorde a la duración de sus estudios y una vía rápida para enlazarla con un permiso de trabajo al finalizar. Mientras tanto, podrán trabajar hasta 30 horas semanales.
La reforma también amplía los supuestos de reagrupación familiar, con una nueva autorización de residencia para familiares de españoles. Se eleva la edad de hijos beneficiarios hasta los 26 años, se incluyen parejas de hecho acreditadas y se permite reagrupar a hijos y progenitores de víctimas de trata o violencia. "La mayoría de beneficiarios serán personas que han obtenido recientemente la nacionalidad española", apunta Saiz.
En resumen, el nuevo reglamento busca fomentar vías de inmigración regular, segura y ordenada, adaptándose a la realidad actual y futura del país. "España necesita entre 250.000 y 300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener su estado de bienestar", recuerda la ministra, subrayando la importancia de esta reforma para la inclusión social y laboral de las personas inmigrantes.
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