El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el consejero de Fomento llevará a Pleno previsiblemente antes de que termine este mes para su aprobación provisional prevé el desarrollo “con carácter prioritario” del suelo aledaño al Príncipe Alfonso en la Loma de las Lanzas para complementar, a su vez, las operaciones de reforma interior de la barriada actualmente en curso. En total, ambas actuaciones sumarán algo más de medio millón de metros cuadrados.
En esa parte de la ciudad se programa, de hecho, una de las intervenciones “emblemáticas” que debería traer consigo al ejecución del Plan para “revitalizar la zona del Príncipe Alfonso mediante la adecuada gestión de los terrenos ocupados por la barriada, sobre los que se realizarán operaciones de regularización de la propiedad.
También se “cerrará” la corona de infraestructuras y viales como una operación medioambiental completando la conexión desde el Puente del Quemadero a la rotonda del Mohito y a la de Arcos Quebrados al centro de la barriada, para descongestionar la circulación por el perímetro del Hospital Universitario.
En el barrio “se establecerán operaciones de esponjamiento de la trama urbana y generación de espacios libres, zonas de aparcamientos y dotaciones de carácter deportivo y cultural” de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
La ordenación global propuesta podrá sectorizarse en diferentes fases “prestando especial atención a la implantación coherente de las infraestructuras de cada una de ellas”.
Igualmente “se establecerán operaciones de cirugía sobre el sistema general viario aumentando la sección del vial de la calle San Daniel desde el acceso del Puente de Quemadero hasta su intersección con el Polígono de Alborán”.
“Se procederá a liberar los terrenos colindantes con el Fuerte del Príncipe y la ordenación podrá sectorizarse en diferentes fases, prestando especial atención a la implantación coherente de las infraestructuras de cada una de ellas”, refiere el documento, que calcula en algo más de dos hectáreas lo que ocuparán las infraestructuras deportivas a implantar.
El Plan cifra en mil el número de viviendas a levantar en la zona, la mitad de ellas protegidas. La ficha del Área de Planeamiento Remitido, a ejecutar durante el segundo cuatrienio de los ocho años de vigencia del texto, establece que habrá que “materializar las obligaciones previstas legalmente (cesiones de suelo y aprovechamiento y ejecución de la urbanización, con las previsiones de simultaneidad previstas en las Normas Urbanísticas) con carácter previo a la ejecución de la edificación.
En cualquier caso, “se garantizará el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el retorno cuando tengan derecho a él en los términos establecidos en la legislación vigente”.
Además, “se indemnizará a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras e instalaciones que no puedan conservarse”.
El Plan calcula que la ciudad va a necesitar 779 viviendas solamente para el realojo de familias que actualmente ocupan casas pendientes de regularización (al margen de las precisas para acabar con la infravivienda). La mayoría (262) vendrían de inmuebles fuera de ordenación y el resto (180) de edificaciones ubicadas en el Dominio Público Marítimo Terrestre.
Se ha previsto, atendiendo a la problemática de la frontera del Tarajal, la necesidad de contar con un gran espacio de libre para dotar de infraestructuras adecuadas a las demandas ulteriores consideradas estratégicas en la economía de la Ciudad. En este sentido se ha calificado los terrenos que actualmente ocupa el CEIP Príncipe Alfonso, como una dotación adscrita a Administración pública.
Se prevé la reserva de uso dotacional Educativo en la zona de Loma Colmenar para la reubicación del Nuevo CEIP cuya localización permite una mayor proximidad al núcleo residencial de la barriada del Príncipe, mejorando la accesibilidad y eliminado la problemática actual de interacción del tráfico fronterizo con el alumnado.
El nuevo PGOU incluye un Área de Planeamiento Específico para Recinto Sur con el objetivo de “ordenar y remodelar el ámbito para mejorar las condiciones de la edificación y de accesibilidad del barrio”, pero “respetando las características urbanas y morfológicas de la trama urbana existentes”.
Los redactores del documento prevén acometer la apertura de viarios “estructurantes” para la ciudad que también sirvan para crear “alternativas” a la calle Real, así como “conexiones transversales hacia los litorales”.
La novedad más llamativa será la instalación de “un ascensor o remonte mecánico” que conectará la zona verde que se proyecta a lo largo de la calle Juan Díaz Fernández “para facilitar la movilidad de peatones y ciclistas en el punto de mayor diferencia de cota, en las inmediaciones de la intersección de esa calle con Manuel Olivencia y la parte más alta”.
El diseño del nuevo paseo marítimo deberá realizarse en coordinación con lo previsto para Huerta Molino y Pasaje Recreo Alto. Entre los objetivos de la actuación está “liberar la zona edificada fuera de ordenación situada en el Dominio Público Marítimo Terrestre” y concentrar los inmuebles en “un frente de mayor altura, con objeto de crear una fachada urbana”.
También se quiere “adecuar la red viaria local para permitir el acceso de servicios básicos y vehículos de emergencia” y “obtener suelo para sistemas dotacionales”. También se desarrollará un viario que atraviese el ámbito para enlazar las calles de Pepe Remigio y Álvarez, así como otro que comunique las calles Machado, Tetuán e Ibiza.
Solamente en Recinto Sur y Huerta Molino se prevé la construcción de 490 viviendas (147 protegidas) a las que sumarían otras 339 en Pasaje Recreo Alto. En las inmediaciones de esas tres zonas se levantará el Centro Integrado del Brull, un colegio (sobre el solar del antiguo Cine África) y un “gran parque urbano” en la última de ellas.
El PGOU que el Gobierno prevé someter a la aprobación provisional del Pleno antes de fin de mes opta para Benzú por la figura de planeamiento de desarrollo del Plan Especial con el propósito de que, en su futura redacción, se contemplen las disposiciones normativas de carácter supramunicipal que afectan a la Carretera Nacional N-354 para que la zona afectada por la limitación a la edificabilidad “resulte compatible con las zonas de protección” del vial.
El documento pretende convertir la barriada en una zona “de gran calidad urbana y medioambiental” para “consolidar un modelo de ciudad de densidad media y limitado desarrollo en altura en consonancia con su particular ubicación en un ámbito LIC-ZEPA”.
A tal efecto, el Plan prevé “eliminar los edificios que rebasen el límite impuesto por la línea de Dominio Público Marítimo Terrestre” y . “liberar de edificaciones” tanto “los cauces que atraviesan el ámbito canalizando las escorrentías” como la Cabililla de Benzú para posibilitar “la creación de un centro de interpretación de la zona arqueológica de la Cueva y Abrigo”.
Igualmente se prevé adecuar la nave de tratamiento de automóviles al nuevo uso cultural como museo de vehículos de época y “trasladar del depósito de coches a una zona externa al suelo urbano”, una antigua promesa del Ejecutivo local que hasta ahora nunca se ha materializado.
La reordenación proyectada se encamina a “generar nuevos equipamientos e infraestructuras” y a “regularizar las zonas verdes y espacios libres” para hacer posible, entre otras cosas, “ampliar las instalaciones del Colegio Público Pablo Ruiz Picasso”.
El PGOU prevé la construcción de 260 viviendas en la barriada (115 de carácter protegido) a través de una actuación que exigirá un convenio con el Ministerio de Defensa para el desarrollo del ámbito.
Se “garantizará” el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles donde tengan su residencia habitual, así como el retorno cuando tengan derecho a él “en los términos establecidos en la legislación vigente”. Los titulares de derechos sobre construcciones y edificaciones que deban ser derruidas y las obras e instalaciones que no puedan conservarse serán “indemnizados”.
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