Ceuta genera cada año 40.000 toneladas de residuos. Basura que se traslada hasta la planta de recepción del Hacho y que luego es transportada hasta la Península en barco. La Ciudad se encarga de esta gestión y mantiene un contrato con una empresa que se responsabiliza de los trabajos, si bien ese acuerdo económico está prorrogado desde el año 2020.
La intención del Gobierno local es que se saque a concurso un nuevo pliego y que para el mes de septiembre esté adjudicado. Es el plazo que ha avanzado en el Pleno el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, a la interpelación de Vox sobre la búsqueda de nuevas alternativas para licitar el contrato que gestionará las instalaciones y el transporte marítimo de basura desde Ceuta a la Península.
Desde Vox, Juan Sergio Redondo ha argumentado que todo el proceso va con retraso, ya que se habló de enero 2025 para el nuevo contrato. A su juicio, el servicio no cumple las expectativas y falta un buque estable que transporte esos residuos, puesto que la concesionaria Urbaser carece de barco propio y esto ha generado “situaciones críticas”.
Vox cuestiona que se sigan apostando pos soluciones costosas, cuando el Gobierno local podría plantearse adquirir su propio buque, que costaría entre cinco y siete millones de euros, en lugar de la opción que hay ahora vigente, con lo que se evitarían “crisis” como las ya vividas en otras ocasiones.
Le ha contestado el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, quien ha reconocido que se trata de un “contrato complejo en todos los sentidos”. Ha señalado que la responsabilidad en la gestión es compartida con el Estado, pero que “tener un buque no es nuestra competencia”, ya que las autorizaciones dependen de Transportes.
Ha repetido que es un contrato difícil por la subida de costes que se generan, pero que se está trabajando con un esfuerzo importante para no generar tensión financiera y garantizar el transporte con la empresa hasta que se adjudique de nuevo el servicio.
El expediente se está tramitando y se encuentra en “en una fase avanzada”, concretamente en el Área de Contratación. Por ello. Ramírez ha vaticinado que para el mes de septiembre es muy probable que la concesión ya esté resuelta.
Ha destacado que se contrata la prestación por un periodo de diez años, lo que permitirá a la empresa ganadora del concurso amortizar el barco que se encargará del traslado de los residuos, que no sólo serán los que generan los hogares ceutíes, sino también los que se producen en otras instancias públicas y del sector privado.
Para Ramírez, el transporte marítimo tiene que ser compartido con la Administración Central y que por ello el Ministerio pidió una memoria justificativa con el gasto que ello supone. Si embargo, el Ejecutivo condiciona la financiación a que haya Presupuestos Generales del Estado, algo que no va a ocurrir en este 2025. No obstante, si la Administración estatal abonara la parte que le corresponde, el sobrante de lo que destina la Ciudad se reinvirtiría en otros proyectos.
Lo que ha descartado el Gobierno local es la compra de un buque para llevar basura a la Península, “no por su coste, sino por su mantenimiento”, ha precisado el consejero Ramírez, quien ha mostrado su deseo de que el nuevo contrato genere estabilidad, aunque ahora la hay tras actualizar los precios. Ha reconocido además la recogida y traslado de residuos es un servicio esencial y que “hubo una situación crítica, es cierto”.
Ante ello. Desde Vox han reclamado que se demande al Estado que cumpla con sus competencias en Ceuta y que, si se descarta la compra de un buque, se puede proponer que lo adquiera el Ministerio y se convenie con ellos la prestación de este servicio.
El PP ha respondido que la solución más rápida sería acordar una subvención nominativa, sin tener que esperar a que el Congreso apruebe los presupuestos. La segunda opción pasa porque el ministerio licite un concurso a largo plazo con una naviera y se garantice que los residuos vayan desde la planta, donde no deben de estar más de dos días, hasta la Península.
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