La realidad del empleo doméstico se caracteriza por ser muy cambiante en los últimos años en nuestro país. A comienzos de la presente década tuvo lugar un importante cambio normativo que implicó un sustancial aumento del nivel de afiliaciones. Asimismo, el sector se caracterizó por un comportamiento diferencial durante la crisis económica, manteniendo los puestos de trabajo. Y, en los recientes años, con el aumento del salario mínimo interprofesional y la recuperación de la figura de los cuidadores no profesionales el empleo de hogar parece reconfigurarse. En este artículo se hace un recorrido de todo este proceso, incidiendo en la situación y especificidad ceutí, una temática que en modo de monografía será publicada en los próximos meses por el
Instituto de Estudios Ceutíes.
Con la aprobación del Real Decreto 1620/2011, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, que entró en vigor en 2012, afloró buena parte del empleo doméstico no declarado en Ceuta, como en el resto del país. En efecto, en el caso ceutí se pasó de menos de 400 altas en la Seguridad Social a casi 1.200 en 2015, triplicándose el número de afiliaciones. Desde entonces, ha continuado incrementándose de forma paulatina. Sin embargo, en 2019 se observa un crecimiento muy abrupto: el año comenzó con 1.318 afiliaciones, hasta alcanzar las 2.092 trabajadoras en diciembre. En enero de 2020 el número de afiliaciones en el sector eran similares, 2.119 altas, de las cuales 2.078, es decir, un 98,06% corresponderían a población extranjera.
En términos de tendencias, el mantenimiento de las cifras de afiliación en los últimos años, junto con el espectacular aumento en 2019 -con un incremento del 53,2% el año pasado- pone de manifiesto, por una parte, el afloramiento de la bolsa de empleo irregular doméstico; y, por la otra, la consolidación estructural del sector del empleo de hogar en la sociedad y economía ceutí.
Los datos confirman que la subida del salario mínimo profesional en 2019 no ha afectado en absoluto en el número de contratos de las empleadas de hogar en Ceuta. El sector tampoco se ha visto afectado por el impacto de la figura de las personas cuidadoras no profesionales, cuya alta en la seguridad sociedad ha vuelto a ser asumida por el Estado desde abril de 2019; en Ceuta este perfil ha pasado de 2 personas a comienzos de 2019 a 89 en el mes de diciembre. Es preciso tener en cuenta que si bien un cierto número de contratos se han mantenido, ello ha sido probablemente a costa de una reducción de horas de trabajo reflejadas en el contrato. Lo cual puede implicar que en algunos casos se haya reducido la contratación de 120 días de trabajo al año, circunstancia que implica para el empleador el pago como mínimo de 7,35 euros/hora, cuantía que incluye la parte proporcional de domingos y festivos, pagas extras y vacaciones.
De forma añadida, cabe considerar como la actual coyuntura de los periódicos cierres de la
frontera durante 2019, y con concreto el cierre del paso del Tarajal 2 desde octubre de 2019 ha estado afectando al trabajo transfronterizo. En efecto, a modo de hipótesis, cabe relacionar el incremento de casi 800 personas en la afiliación en el empleo doméstico durante 2019 -que ha reducido sustancialmente el empleo sumergido en el sector- con la dificultad de paso de las trabajadoras transfonterizas domésticas no regularizadas, que tradicionalmente encontraban rechazo en la parte española pero ahora también en la parte marroquí de la frontera. Esta contingencia ha presionado a los empleadores ceutíes a regular la situación de sus empleadas de hogar, ante ausencias involuntarias y retrasos obligados provocados por la situación inestable la frontera, ya que la acreditación de trabajadora regular asegura el paso fronterizo.
La cuestión de la invisibilidad de las mujeres trabajadoras transfronterizas, que suponen el 54% del total de trabajadores transfronterizos que trabajan en Ceuta y el 94,12% del total de trabajadoras domésticas a fecha de enero de 2020, alcanza ahora una dimensión más institucional. El cierre de la frontera no es una cuestión puramente de “aduana”, sino que forma parte de una nueva política de “frontera” de Estado de Marruecos que requeriría un tratamiento bilateral para gestionar la vida corriente de los trabajadores transfronterizos, pero también el derecho de movilidad transfronteriza de la ciudadanía ceutí y su hinterland.
Parece que asistimos a una reconfiguración del sistema migratorio ceutí, como consecuencia de un nuevo marco definitorio de la frontera, con lo que ello implica con respecto a la propia estructura social y económica ceutí.