Hace poco más de un mes, aprovechando el “Foro del 112 España” que se celebró en Ceuta, la vicepresidenta primera del Gobierno presentó por primera vez la simulación del futuro centro 112 de nuestra ciudad que se encuentra en fase de anteproyecto y cuyo presupuesto asciende a 2,6 millones de euros. El edificio pretende levantarse en los anexos del estadio “Martínez Pirri”, más conocido como el 54. El vídeo con la infografía de la sede del 112 fue publicado en algunos medios de comunicación locales y así pudimos conocer su localización exacta y sus dimensiones. Sin ningún pudor, el promotor de este proyecto, que es nada más ni nada menos que la Ciudad Autónoma de Ceuta, pretende erigir un mastodonte de cuatro plantas y una considerable superficie sobre la muralla del Pozo Rayo. Este último es un elemento integrante del conjunto histórico del recinto de la Almina, declarado Bien de Interés Cultural en el año 1998, por lo que estamos ante un inmueble protegido en cumplimiento de la Ley 16/85 de Patrimonio Cultural. Esta circunstancia es de sobra conocida por la Ciudad, pues en la documentación que ha remitido al gobierno central para la aprobación del nuevo PGOU se hace constar que el entorno del muro de Pozo Rayo está incluido en el ámbito de protección de este elemento patrimonial, según recoge el Plan Especial de Protección del conjunto histórico de la Almina aprobado en el año 2009.
En el plano PPC 02 del nuevo PGOU para el entorno del BIC n.º 75, el espacio colindante al muro de Pozo Rayo, donde se quiere construir la futura sede del servicio 112 de Ceuta, se marca como afectado por el ámbito de protección del conjunto histórico del recinto de la Almina. Este hecho, según la normativa patrimonial, impide cualquier tipo de construcción en este lugar. Sorprende que conociendo esta circunstancia hayan encargado un proyecto para erigir un enorme edificio sobre el muro de Pozo de Rayo, pero se queda uno todavía más estupefacto cuando comprueba que en la ficha urbanística de esta parcela (CRS) se indica que su uso es exclusivamente deportivo y que no se permiten construcciones superiores a tres plantas.
De lo expuesto se desprende que la Ciudad Autónoma de Ceuta ha enviado el PGOU a Madrid para su aprobación definitiva y, mientras, encarga a TRAGSA un edificio que lo incumple totalmente e ignora la normativa estatal en materia de protección del patrimonio cultural. Aunque hemos expresado en el párrafo anterior nuestra sorpresa por el hecho concreto que denunciamos en este artículo, llevamos muchos años involucrados en la defensa del patrimonio para que nos asombre esta circunstancia. Después de tanto tiempo, conocemos a la perfección el “modus operandi” de la Ciudad en materia urbanística. A este gobierno autonómico no le gusta sentirse atado de pies y manos por un documento urbanístico que limite sus continuas ocurrencias y los caprichos megalómanos de su Presidente.
"Es un elemento integrante del conjunto histórico del recinto de la Almina, declarado Bien de Interés Cultural en el año 1998"
Entre las ocurrencias urbanísticas de la era “Vivas” recordamos el proyecto del soterramiento de la calle Independencia o la remodelación integral del Paseo de la Marina o la construcción del nuevo Palacio de Justicia en la parcela del Cine África. Todos ellos tuvieron que descartarse por el incumplimiento de la normativa en materia de protección del patrimonio histórico y arqueológico. Precisamente, la pretendida modificación puntual del PGOU en lo concerniente a la parcela del Cine África nos dio pie a presentar una alegación en la que denunciábamos que este solar estaba dentro del ámbito de protección del conjunto histórico de la Almina y que no era posible aprobar ninguna modificación que no estuviera contemplada en un plan especial de protección que la Ciudad no había redactado ni aprobado desde su declaración en 1997. Nuestra alegación fue estimada por el Ministerio de Fomento y Vivienda y la Ciudad Autónoma no tuvo más remedio que encargar la redacción del plan especial de protección de la Almina si quería continuar con su proyecto. Se hizo un buen trabajo por parte del equipo redactor y en el año 2009 se aprobó el plan de protección. Sin embargo, después de casi quince años, no se han aplicado las medidas de conservación y recuperación contempladas en el plan. Otros planes especiales de protección que quedaban pendientes de aprobación, como el de las fortificaciones del recinto del Hacho, se llegó a encargar al mismo equipo que redactó el de la Almina, pero nunca se ha llevado al pleno para su aprobación. Resulta lamentable que la Ciudad mantenga unos hábitos de gestión urbanística impropios de un país europeo y más cercanos a una república bananera. Una administración seria no solo debe cumplir la ley, sino que es su obligación velar para que se cumpla. No es serio que al mismo tiempo que se manda un documento de revisión del PGOU al Ministerio de Fomento, los responsables de la Ciudad presenten a bombo y platillo la construcción de un mastodonte de hormigón en pleno ámbito de protección de un Bien de Interés Cultural, en una parcela de exclusivo uso deportivo y con una altura que supera lo permitido para este punto de la ciudad. Habrán pensado que entre tanto documento podrían colar este proyecto y que nadie se iba a percatar de esta infracción de las propias normas urbanísticas que ellos mismos han promocionado, pero se han equivocado. Siempre hay personas concienzudas que conocen los entresijos del urbanismo ceutí y que nos han llamado la atención sobre este descabellado proyecto.
Es muy triste que tengamos que ser los ciudadanos los que andemos vigilando las actuaciones e iniciativas de nuestros gobernantes, pero, qué le vamos a hacer, a cada uno nos ha tocado jugar un papel en la vida. En nosotros ha recaído la responsabilidad autoimpuesta de velar por la protección y conservación de nuestro patrimonio cultural enfrentándonos en muchas ocasiones a los que, según la Constitución Española, deberían cumplir esta misión. Sería mucho más productivo para todos que este esfuerzo lo pudiéramos dedicar a la tarea de restaurar, estudiar y difundir nuestro patrimonio, además de aprovecharlo de manera inteligente para promocionar el desarrollo económico y social de Ceuta. Pero, claro, para que esto sea posible necesitamos responsables políticos sensibles y respetuosos con el patrimonio y con la suficiente altura intelectual para proyectar un futuro en el que la recuperación del patrimonio, y no su destrucción, sea uno de los principales motores sinergéticos de una sociedad cada vez más culta y amante de la naturaleza y la historia.
Ningún ciudadano sensato se podría oponer a que el servicio del 112 cuente con una sede digna y acorde a la vital función que cumple atendiendo a las emergencias sanitarias o de seguridad. Tendrán que buscar otro emplazamiento, pues el lugar elegido incumple la normativa urbanística y patrimonial. Esperemos que la nueva corporación autonómica lo encuentre y se asegure de que no contraviene la ley ni afecta a nuestro patrimonio natural y cultural.