Nuevo atentado contra los autobuses y mayor desesperación por parte de una empresa que se siente impotente ante una situación que termina desbordando cualquier planteamiento. Las medidas ideadas por la administración para paliar este tipo de episodios vandálicos quedaron ayer invalidadas tras la sucesión de dos altercados.
El primero tenía lugar a la altura de Los Rosales, cuando uno de los jóvenes que lo ocupaba montó una algarada dentro del autocar rompiendo uno de sus cristales laterales traseros de una patada. El incidente se llevaba a cabo aprovechando que el zeta de la Policía Local que se supone debe controlar la marcha del autocar de la línea 8 estaba más rezagado.
La misión de ‘escolta’ que están ejerciendo las fuerzas de seguridad no pudo con un adolescente que terminó por generar un nuevo daño en el servicio público, alterar el orden en su interior y dañar, de nuevo, a la empresa, que muestra ya su hartazgo por lo que está ocurriendo.
Todas las medidas resultan inválidas. Las mesas constituidas para solucionar el problema, también. Y eso lo demuestra este nuevo altercado que deja un autobús dañado y su autor sin sanción alguna y que ni pudo ser detenido por las fuerzas de seguridad.
Este primer atentado en la línea 8 se produjo pasadas las dos y media de la tarde, y aunque fue protagonizada por un joven, éste contó con el apoyo de otros compañeros que ocupaban el autocar en dirección al Príncipe.
Poco después, pasadas ya las tres de la tarde tenía lugar otro apedreamiento a otra unidad a la altura del cafetín Mojito, sin que se produjeran daños personales.
La empresa, como acostumbra a hacer, ya ha presentado denuncia por lo ocurrido dando parte a las fuerzas de seguridad. Se siente impotente en la búsqueda de soluciones para frenar una situación que, pese a ser objeto de debate incluso en una junta local de seguridad, termina sin ser resuelta.
Uno lo hace, todos lo terminan pagando
Acciones como la narrada que llevan a cabo determinadas personas terminan pagándolas el resto. Así lo sucedido ayer con el consiguiente malestar que genera en la empresa y sus trabajadores termina provocando la condena de los vecinos de la barriada que temen que, de nuevo, se baraje la posibilidad de cortar el servicio. De igual forma frustra a las brigadas cívicas, encargadas de ayudar en la ordenación del tráfico, y que condenan un ataque que perjudica a los beneficiarios del servicio.