La Autoridad Portuaria de Ceuta ha propuesto adjudicar a Armonía Seguridad, S.L. el contrato de vigilancia privada de la Terminal de Pasajeros, el acceso de vehículos de Muelle Cañonero Dato y la Dársena Pesquera, por un importe de 601.993,44 euros.
La empresa relevará así a Eulen Seguridad, que prestaba el servicio hasta ahora, tras superarla en la puntuación final de la Mesa de Contratación: 100 puntos frente a 78,88.
El expediente ese publicó el 19 de febrero de 2026 en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Desde entonces, el proceso ha atravesado varias fases, incluida una suspensión cautelar, hasta llegar a la propuesta de adjudicación definitiva el pasado 8 de julio.
El servicio abarca el control de pasajeros en los arcos detectores de metales de la Terminal, la vigilancia del acceso de vehículos previo a las zonas de embarque de Muelle Cañonero Dato, el carril de salida Dato-Casa del Mar y la Dársena Pesquera del puerto ceutí.
A la convocatoria se presentaron tres compañías: Armonía Seguridad, S.L., Eulen Seguridad y Global de Seguridad Integral, S.L.
La Mesa de Contratación abrió por primera vez la documentación administrativa el 30 de marzo u detectó la necesidad de subsanaciones por parte de los que se postularon al contrato.
Abierto el sobre con las ofertas económicas, Armonía Seguridad presentó una propuesta de 601.993,44 euros, lo que supone una baja del 10,89% sobre el presupuesto de licitación. Eulen Seguridad, por su parte, ofertó 653.787,36 euros, con una baja del 3,23%.
La Mesa consideró que ninguna de las dos ofertas resultaba desproporcionada o temeraria.
Con estos resultados, la Mesa de Contratación acordó proponer al órgano de contratación que la adjudicación recaiga en Armonía Seguridad, S.L., que a partir de ahora tomará el relevo de Eulen Seguridad, la empresa que hasta la fecha venía prestando el servicio de vigilancia en las instalaciones portuarias de Ceuta.
El anuncio de licitación se publicó el 19 de febrero de 2026, con plazo de ofertas hasta el 27 de marzo. Tras la apertura de la documentación administrativa el 30 de marzo, dos de los tres licitadores (Armonía Seguridad y Global de Seguridad Integral) debían subsanar requisitos, y al día siguiente se reclamó a los tres el certificado de visita a las instalaciones.
El 1 de abril, el TARC decretó la suspensión cautelar del procedimiento a raíz del recurso de la Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada contra los pliegos, lo que paralizó el proceso casi tres meses.
El 17 de junio, el Tribunal desestimó el recurso y levantó la suspensión.
El 30 de junio, la Mesa de Contratación anuló las actas de marzo y repitió desde cero la valoración administrativa.
El 8 de julio, tras el nuevo plazo de subsanación, Global de Seguridad Integral quedó excluida por no presentar la documentación exigida, y se valoraron las ofertas económicas de Armonía Seguridad y Eulen Seguridad, con propuesta de adjudicación a favor de la primera.
En total, entre la publicación del anuncio y la propuesta de adjudicación transcurrieron casi cinco meses, de los cuales alrededor de tres correspondieron a la suspensión cautelar motivada por el recurso ante el TARC.
Antes de que se resolvieran esas subsanaciones, el procedimiento se vio interrumpido. El 1 de abril, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) adoptó una medida cautelar de suspensión del expediente, a raíz de un recurso especial presentado por la Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada, representada por José Antonio Sánchez Molina, contra los pliegos de la licitación.
La suspensión no afectó al plazo de presentación de ofertas, pero sí impidió que la tramitación siguiera adelante mientras se resolvía el fondo del recurso. La situación se mantuvo varios meses, hasta que el TARC emitió su resolución definitiva el 17 de junio, en la que desestimó el recurso presentado por la asociación y permitió reanudar el procedimiento.
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