“Nosotros también queremos saber”

Si la Delegación del Gobierno va a abrir un expediente y va a investigar la situación en la que quedaron los descendientes de Tahar Benaisa Mohamed tras el presunto destierro al que se les condenó “sin motivo”, según dicen, tras el atentado que se cobró la vida de un joven carpintero el 26 de junio de 1975 en La Marina, que se esmere también en esclarecer de una vez, casi cuarenta años después, quien puso aquellos explosivos.

Es la reivindicación de la familia de Fernando Fernández, al que segaron la vida un año después de casarse y con un bebé de 16 meses cuando apenas había cumplido un año de vida.
Rosa Fernández, su descendiente, leyó con cierto estupor el pasado martes en ‘El Faro’ la historia de los Tahar, de la viuda del patriarca, ya fallecido, soldado de Regulares, de tres de sus hijos y de varios nietos, que el lunes se concentraron en la Plaza de los Reyes para, en silencio y con unos pequeños carteles sobre sus pechos, reclamar a las instituciones por un “desplazamiento forzado” que dicen se basó en “acusaciones por motivo religioso”. “Fuimos desalojadas por la fuerza de nuestras casas en la ciudad y desterradas a Marruecos en una clara violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que ‘nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, afirman.
Fernández revivió entonces los dieciocho años que pasó con su madre “con la Administración dándonos la espalda”. “Nunca nos dieron ningún apoyo y cuando lo pedimos a las Fuerzas Armadas también se nos negó porque mi padre no era militar”, lamenta.
La prensa de la época relató que el carpintero se encontró la bomba en la primera planta de la Comandancia de Marina a primera hora de la tarde. “Se dijo que habían sido comunistas, después que posiblemente musulmanes porque unos días después habían fallecido dos en Melilla manipulando un artefacto... Nunca hemos sabido quién fue y nunca nos ha dado la impresión de que se haya hecho todo lo posible por aclararlo”, protesta hoy, veinte años después de que, en 1994, se reconociesen por fin los derechos de la familia como víctimas del terrorismo tras escribir una carta a la asociación que agrupa al colectivo, la entidad a la que tienen más que agradecer.
 La hija del asesinado recuerda haber oído que hasta veinte familias de confesión islámica fueron expulsadas a Marruecos a mediados de los setenta por acusaciones similares a las presuntamente imputadas a los Tahar, una respuesta oficial sobre la que los investigadores e historiadores locales consultados por este periódico reconocen no tener información certera.
“Yo no sé si hubo o no alguna razón para que se expulsase a esa familia, como dice, y comprendo el derecho de todos a reclamar sus derechos pero nosotros fuimos las primeras víctimas, las más directas, y también queremos que se nos reconozca y que se nos aclare todo”, abunda Fernández, a quien todavía molesta que el pasado  11 de marzo “no se dejase” a las víctimas leer un comunicado en la Plaza de los Reyes por no haber comunicado con la antelación preceptiva a la Administración que esa era su intención.

Cuatro bombas y casi 20 heridos sin autoría definida

La autoría de los cuatro atentados con bomba que sacudieron Ceuta en la década de los setenta sigue siendo “una incógnita”. Según destacó hace algo más de un año un reportaje firmado por M.G. en ‘El Faro’, nunca hubo detenciones “y tampoco se identificó a persona alguna relacionada con los atentados que se cobraron la vida de una persona y provocaron dieciocho heridos de diversa consideración”. La jornada más negra fue la del 26 de junio de 1975, con dos atentados, uno el que se cobró la vida de Fernando Fernández. El 24 de octubre de 1978 resultó herido un inspector cuando intentaba desactivar otro artefacto y el 6 de marzo de 1979 explotó otra bomba en la tercera planta del Hotel Ulises.