“No venimos aquí para robar o matar. No somos todos iguales”

Dice la leyenda, que también se atribuye a Churchill, que hace un siglo (murió en 1936) le preguntaron al escritor y periodista británico Gilbert Keith Chesterton qué pensaba de los franceses. Se cuenta que respondió: “No puedo opinar. Son muchos y no los conozco a todos”.

Ceuta, al menos una parte, habla (muy mal) como si conociera muy bien a los menores extranjeros no acompañados (MENA) que tutela la Ciudad. Se trata, básicamente, a juzgar por lo que se escucha en la calle y se lee en las redes sociales, de los principales, únicos para algunos, responsables del supuesto incremento de la inseguridad ciudadana y la criminalidad.

El homicidio de un joven marroquí el pasado viernes en la playa de La Ribera a manos de un joven acogido en ‘La Esperanza’ ha sido la guinda de un fenómeno de hipergeneralización y rechazo cuyo inicio sitúan quienes han estado cerca del Área de Menores desde hace tiempo sitúan en el traslado de San Antonio a Hadu.

En lo que iba a ser un albergue para familias sin recursos, para los pobres de solemnidad que viven en el entorno, se han registrado apedreamientos y lanzamientos de bengalas, entre otros actos vandálicos, que no se habían conocido hasta entonces.

Una vez en la diana, al colectivo se le atribuye lo que hace y lo que no. Agentes institucionales como la Policía Nacional no han contribuido a diluir estigmas señalando de forma persistente durante meses, al dar cuenta a los medios de distintos delitos, que el detenido era “menor de ‘La Esperanza” (no se conoce fenómeno similar para ubicar a delincuentes por barriada de residencia, cultura, religión o centro de escolarización, como es lógico).

Ya hasta del asesinato reciente de otro marroquí en La Almadraba se imputa a ‘los MENA’ como un todo aunque MENA es también uno de los últimos premiados en la Olimpiada Matemática del IES Almina, un prometedor futbolista que se ha abierto camino en la península o el atleta que hoy gana medallas para España.

En ‘La Esperanza’ había ayer 160 adolescentes varones marroquíes acogidos, alguno menos que hace unos días después de que varios se hayan ido, supuestamente por “miedo” al clima social. Cada uno de su padre y de su madre, con una historia y un perfil. Los informes que la Ciudad remite al Ministerio hablan de unos jóvenes con 16,1 años de media que proceden sobre todo de Castillejos y Tetuán pero también hasta de Rabat y Alhucemas.

Coinciden en arrastrar “muy penosas circunstancias familiares” y en tener un entorno “que no suele impulsar activamente su marcha pero está de acuerdo o se resigna”. Una vez en Ceuta no es raro detectar contactos telefónicos e incluso visitas de sus allegados.

“Ni todos santos ni todos demonios pero todos niños y, por lo tanto, con unos derechos de acuerdo con la legislación vigente en materia de dificultad social, que se extiende de forma global, y sometidos a las penas de la normativa de conflicto social para quienes cometen faltas o delitos”, resumen fuentes que conocen al detalle su situación.

Desde la Ciudad se apunta que el número que la Administración autonómica es capaz de gestionar con solvencia de MENA está “en el entorno de los 60”. “A partir de 2014 el fenómeno de llegada se ha ido disparando hasta llegar a los 200 que hemos estado acogiendo durante los últimos meses”, se explica. Con recursos limitados de todo tipo (el albergue de Hadu fue una solución “provisional” pero el proyecto para construir un equipamiento nuevo ni siquiera se ha hecho) y una frontera extremadamente permeable, en Menores se acumulan las dificultades.

Tampoco ayudan los ritmos de tramitación de las pruebas de edad, que el algunos casos se demoran hasta cuatro meses desde la llegada del joven. El año pasado se calcula que se atendió a 30 jóvenes con más de 18 años.

La Administración trabaja con dos grandes sectores de MENA. Los que se “adhieren” al sistema, cumplen con sus obligaciones en materia de horarios e intentan labrarse un futuro y los que usan ‘La Esperanza’ como “un centro de avituallamiento”, que suelen ser los inscritos en ‘Fase 1’, que llevan menos de un mes bajo la tutela de la Ciudad y muestran el comportamiento más conflictivo.

El joven que no acude a dormir (las salidas se ajustan a la edad y el horario escolar y de actividades) o vulnera cualquier otro deber es denunciado ante Policía y Fiscalía (el año pasado se impusieron 13 privaciones de libertad y 88 medidas alternativas al internamiento, “la mayoría” por incidentes con otros MENA) o sancionado con arreglo al Régimen de Funcionamiento Interno de Medidas Educativas y Correctoras. Casi como una familia.

Lo que “no se puede hacer, simplemente porque no lo permite la legislación”, aunque partidos como PSOE o Ciudadanos y sindicatos como la UFP hayan tirado por ahí, es “atar” a los adolescentes o ponerlos en la frontera. La reagrupación familiar en Marruecos simplemente no opera (se exige “efectiva reagrupación familiar del menor”, al que sus padres pueden renunciar por escrito y ya hay casos,  o “adecuada tutela por los servicios de protección del país de origen”) pero durante los últimos tres años se han efectuado 62 con allegados residentes en el resto de España y la UE.

“Estamos donde estamos y tenemos el entorno que tenemos y la frontera que queremos o podemos: no vivimos en Suiza y no podemos quedarnos solo con las playas, los turistas y los ingresos de los porteadores”, condensa otra fuente.

Mientras unos buscan visitas, votos o aplausos apuntando a los MENA como colectivo, este sufre, también como grupo e individualmente, sucesos que no han merecido ningún posicionamiento político. Solo durante las últimas cinco semanas se han contabilizado cinco palizas “brutales” a otros tantos menores a manos de ceutíes, una con evacuación sanitaria a Sevilla incluida.

“Estoy enfadado y triste”

“Venimos para buscar la vida porque en Marruecos no tenemos nada que hacer. No venimos para robar o matar. Nosotros no somos todos iguales”, ha manuscrito un MENA en una de la media docena de cartas a las que ha tenido acceso este periódico después de que los jóvenes fuesen invitados a reflexionar sobre el último execrable asesinato.

“Estoy muy enfadado”, dice otro escrito sobre el homicidio del viernes pasado, “por lo que ha pasado y me siento muy triste cuando escucho a la gente de Ceuta. Dicen que todos los niños de ‘La Esperanza’ son malos. Nosotros no somos iguales: hay muchos niños que han venido para buscar una vida mejor y un buen futuro”.

Otro joven de 17 años abunda en lo mismo: “Estoy muy preocupado porque mucha gente de Ceuta dice que los chicos del Centro somos asesinos, malos, ladrones y muchas palabras. No es verdad. Es culpa de tres chicos, no de 180. Ahora no podemos salir a la calle porque toda la gente nos mira con mala cara y los chavales de Ceuta pegan a niños que no hacen nada y una palabra muy importante: mucha gente de Ceuta no mira que nosotros no somos todos iguales”.

Lo que dice la normativa a todos los niveles

En España la atención a menores en dificultad social está regulada en una ley de hace veinte años que fue modificada hasta en dos ocasiones en 2015 para “continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado” y que, por ejemplo, reconoce el derecho a obtener la preceptiva documentación de residencia a todos los menores extranjeros que estén tutelados por las Entidades Públicas una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen. Uno de los principios de actuación que impone la normativa es el de “normalización”. En paralelo se aplica la Ley 5/2000, en este caso para los menores en “conficto social” cuando cometen algún tipo de delito o falta. La UE reforzó el año pasado su criterio de “la situación vulnerable de los niños que llegan a la Unión” y reiteró “el derecho de todo niño a ser tratado ante todo como un niño” y a su acceso “a la asistencia jurídica, la tutela, el acceso a asistencia sanitaria, alojamiento y educación”.