Es normal que el Gobierno de Vivas espere a mejores tiempos y frene cualquier petición de nuevas compensaciones a la Administración General del Estado como consecuencia de lo que siempre hemos llamado hechos diferenciales de nuestra ciudad en relación con el resto de la Península.
Esas compensaciones que vienen a paliar las consecuencias de la insularidad y que permiten que los ceutíes no tengan diferencias con el resto de nuestros compatriotas en los principales servicios públicos. En definitiva, es un principio constitucional, aunque también hemos de reconocer que estos cuatro años, a pesar de la crisis económica, Ceuta ha sido tratado con mimo por parte del Gobierno del Partido Popular.
En primer lugar, ninguna de las ventajas económicas y fiscales con las que se contaban (podemos hablar de la compensación del IPSI por menores ingresos, el cincuenta por ciento de bonificación en los billetes del transporte marítimo, las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, el 50% de compensación en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades) han sido tocadas. Ninguno de esos logros se ha visto mermado y el Estado podía haber estudiado la suspensión de cualquiera de esas medidas, pero no lo hizo. Y además, se han añadido más logros como la recuperación de determinados convenios bilaterales que fueron suspendidos o dejados sin consignación presupuestaria por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero, se ha producido un incremento en las transferencias por los apartados de financiación autonómica y local, se ha logrado una nueva compensación por menor recaudación en el IPSI de hidrocarburos e igualmente se solucionó la mala interpretación que existía desde la Agencia Tributaria en el concepto del ciclo mercantil completo en las declaraciones del Impuesto de Sociedades. Se ha recibido ahora la negativa a subvencionar desde el Estado la bajada de recaudación si se abordaba una bajada en los tipos del IPSI y de ahí, la salida en unas declaraciones del presidente Vivas a negarse a abordar con el Ministerio de Fomento una bajada en las tasas portuarias para que la diferencia fuera aportada por el Estado y se bajaran los billetes de barco.
