La Comisión Local de la Vivienda es, según el Reglamento de adjudicación de la Ciudad Autónoma, el “órgano de selección” de los beneficiarios de promociones de casas públicas, aunque a tenor del contenido de los primeros 5.000 folios del sumario del ‘caso Emvicesa’ el desempeño real de esa misión por parte de todos o algunos de sus miembros no fue nunca demasiado exhaustivo, no solo con las 170 VPO ubicadas junto al Hospital, en el que la instrucción cree haber localizado el meollo de los presuntos delitos que se investigan, o con el reparto fallido de las 317, abortado con la publicación de la ‘lista fantasma’.
El órgano se reunió solo 18 veces entre 2008 y 2015. En marzo de 2011, todavía con Francisco Márquez como presidente, la socialista Inmaculada Ramírez vivió un episodio sintomático. Durante el debate de la aprobación de la lista de adjudicatarios por cupos de las 86 viviendas del Monte Hacho, la representante del PSOE se encontró ante la exigencia de pronunciarse sobre un documento que no había visto siquiera, lo que supuestamente les pasó después también a otros políticos que han terminado detenidos o citados en calidad de investigados como Susana Román, Rabea Mohamed, Mohamed Ali o José Antonio Carracao.
En el acta de la sesión se recoge que Ramírez denunció que no se le había proporcionado, pese a haberlo pedido desde hace “meses”, el listado de adjudicatarios de esa promoción. “No entiendo por qué ni los motivos de esa postura cuando además es legal pasar la información a los demás grupos políticos. Es por ello que no puedo votar ni a favor ni en contra, ya que sobre lo que no he visto ni he podido leer no me puedo pronunciar”, alegó Ramírez.
Antonio López defendió que la petición ‘solo’ tenía dos semanas de antigüedad y Márquez le dejó claro que tenía que votar porque “el procedimiento tiene que seguir y no se puede interrumpir”.
“La señora Ramírez responde que no lo puede entender, que no puede votar sobre algo que desconoce, pero que si es como dice el presidente (es decir, que tiene que votar), votará en contra”, resume el acta. Así lo hizo. El resto (Márquez, Mohamed y Ali) lo hicieron a favor.
En febrero de 2012, ya con Guillermo Martínez, ahora senador y aforado, como presidente, la Comisión Local abordó los “criterios de adjudicación de la promoción 170 VPO” de Loma Colmenar, que fueron aprobados por unanimidad. Medio año después, con Román en la Presidencia, López, sin voto en la Comisión, anunció que la adjudicación se haría “en aproximadamente 45 días”, el tiempo que estimaba necesario para “definir las listas de seleccionados conforme a los cupos establecidos, dar de alta los servicios comunes, etcétera”.
“Tras un breve debate, los miembros de la Comisión quedan enterados del contenido de la propuesta”, dictamina el acta. Los trabajos se extendieron mucho más. Hasta febrero del año siguiente no hubo otra reunión para “dar cuenta de la finalización de la adjudicación de las 170 viviendas en régimen de alquiler sitas en Loma Colmenar”. “Se procede”, refiere el acta, “a someter a votación la aprobación y ratificación por parte de la Comisión Local tanto del listado de adjudicatarios como del de compromisos emitidos para la siguiente promoción, siendo ambas aprobadas por unanimidad” de los presentes con derecho a voto.
Entre ellos no figuraba la socialista Milagros García (acudió solo con voz), que reclamó as listas “provisionales y definitivas” de discapacitados. La consejera de Asuntos Sociales alegó que “no tenía una única lista” y López apuntó que no había “ningún problema” con la documentación porque “fue publicada en el Tablón de Anuncios”.
Casi dos años después, en enero de 2015 y en el Consejo de Administración de Emvicesa, Juan Luis Aróstegui remarcó la necesidad de “evitar cachondearse de la gente”. “Es necesario acabar con la sospecha generalizada de corrupción en la adjudicación de viviendas públicas y anunciar, a la vez, la actualización de los datos de viviendas y los criterios de adjudicación de las mismas”, reclamó antes de insistir en que “no podemos reírnos de la gente”.
La Comisión Local y el Consejo de Administración de Emvicesa
La Comisión Local de la Vivienda es el órgano competente para la adjudicación de las viviendas, tanto las construidas directamente por la Ciudad de Ceuta como las convenidas con la Dirección General de la Vivienda del Ministerio de Fomento. Entre sus funciones está la elaboración de la Lista Provisional, Definitiva y de Espera de admitidos y excluidos y la resolución de reclamaciones, así como la fijación del número de viviendas para cada cupo o
clasificación y la asignación de las viviendas para cada tramo económico. El Consejo de Administración de Emvicesa se encarga de “la gestión y representación permanente de la sociedad y entre otras competencias le corresponde “el nombramiento del gerente”, “aprobar la plantilla” de la empresa o “autorizar toda clase de contratos, adquisiciones y suministros”.
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