Hay polémicas que terminan muriendo en el papel. Después de jornadas de denuncias de una y otra parte se le da carpetazo al asunto y todos se olvidan de lo que generó el malestar. Los medios, absorbidos por la presión del día a día, no disponen siquiera de tiempo y personal para cerrar cada polémica como se debiera. El olvido se encarga de rematarla de la conciencia colectiva. A lo sumo en alguna tertulia se hace mención a lo que se recuerda como rabieta del momento. Ahora Caballas se encarga de recordarnos una de las grandes polémicas del momento: la compra de la estatua ‘Solidaridad’. Lo hace al tener conocimiento de que los técnicos se niegan a pagar la obra de Laverón mientras no haya una tasación adecuada. Son 165.000 euros, qué menos.
La Ciudad intentó, de manera torpe, justificar su decisión ‘echando mierda’ para todos los lados, poniendo sobre la mesa un acuerdo plenario en el que se acordó la construcción de un monumento al inmigrante. De ahí se derivó al concepto de solidaridad y por ahí encorsetaron la compra de una estatua similar a las que existen en otras ciudades y que, además, ya la tenemos en Ceuta. Era una decisión coja, que carecía de fundamento alguno a pesar de que se quiso buscar la excusa perfecta.
De aquellas polémicas se pasaron a otras y así estuvimos durante semanas a vueltas con la decisión gubernamental. Hasta que el tiempo dejó arrinconado el asunto que vuelva ahora a salir a la luz mediática.
La Ciudad debería saber que no está en condiciones de adoptar este tipo de decisiones extremas. No lo está porque no va a encontrar respaldo social alguno y va a generar una polémica difícil de defender, que no hará sino quemar a los componentes de su equipo. No estaría de más que comenzarán a cambiar el chip, a no creerse los reyes del mambo tomando decisiones por sí mismos y confundiendo esta imposición con su responsabilidad de gestión. No. Nada tiene que ver llevar el peso de un Gobierno porque se tiene mayoría con llevar al extremo decisiones que se saben equivocadas, defendiéndolas con aires chulescos ante el riesgo de que, quizá, haya que recular y tragarse los mensajes defendidos hasta la extenuación.
165.000 euros. Un decisión impuesta. Una excusa falseada. Una queja popular. Allá cada cual con el resultado que quiera elegir.