Habrá que seguir insistiendo. La paralización del proceso de acreditación de competencias, se aproxima ya a los dos años de duración. Casi tres centenares de ciudadanos y ciudadanas, que se han acogido a su derecho de ver reconocidas oficialmente (mediante el correspondiente título) sus habilidades profesionales, ven cómo sus expedientes se pudren en el fondo de un cajón de la Dirección Provincial del MEFP, sin que nadie responda por ello. Es una situación inconcebible en cualquier lugar de España, salvo en Ceuta y Melilla, ciudades en las que las leyes son de aplicación dudosa, azarosa o caprichosa. Sólo el enfermizo conformismo que mantiene secuestrada a la ciudadanía ceutí impide que esta flagrante injusticia provoque el estallido de un más que notable conflicto social.
Es necesario recordar las razones que aduce el Ministerio para privar a los administrados de sus legítimos derechos. Según un alto funcionario (interventor de hacienda), no se puede pagar a los profesores evaluadores el trabajo que tendrían que realizar porque se carece de una normativa específica, indispensable para ello. Evidentemente, esto sólo ocurre aquí. En todas las Comunidades Autónomas, esta cuestión está resuelta hace mucho tiempo. El origen de este problema, como tantas y tantas veces, está en la crítica situación en que quedaron Ceuta y Melilla cuando se transfirieron las competencias educativas a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, y a pesar de esta causa última, en este caso, existen otras responsabilidades. ¿Por qué no se elabora y publica la normativa exigida? Han pasado casi dos años. Tiempo suficiente para redactar una Constitución completa (la española se hizo en año y medio). Y aquí nos encontramos con el segundo “gran problema de la educación de Ceuta”: el más absoluto abandono por parte de los todos los equipos ministeriales que hasta ahora han sido (sin distinción de partido). La realidad es así de triste. Nadie se quiere ocupar de Ceuta y Melilla con la dedicación y diligencia que requiere una gestión de esta naturaleza. Y llegado este punto, resulta obligado hacer una pregunta: ¿A nadie le importa que centenares de personas, que podrían prosperar laboralmente con la acreditación de sus competencias profesionales, se vean perjudicadas por la desidia de la administración? ¿Dónde queda el sentido de la responsabilidad que debe informar la acción política?
Tampoco pueden quedar exentos de responsabilidad las autoridades locales. Su actitud, de absoluta pasividad, se convierte en una forma de complicidad. Cargos políticos como la Delegación del Gobierno o la Dirección Provincial del MEFP, ¿tienen como objetivo defender los intereses de los ceutíes, o servir de amortiguadores de los desmanes de sus “superiores”?
El Gobierno de la Ciudad, o los propios representantes de Ceuta en las Cortes, también se mantienen al margen de esta cuestión, como si no fuera con ellos.
Visto lo visto, nos tenemos que preguntar: ¿no queda nadie en esta Ciudad que sienta vergüenza propia o ajena ante una injusticia?
