Lo cierto es que la Ciudad Autónoma y la empresa Dragados siguen sin llegar a un acuerdo sobre el futuro de la obra de la antigua Estación de Ferrocarril.
Aunque se apuntó que para finales del mes de enero existiría ya una decisión definitiva, dentro de las dos posibilidades que apuntó en un pleno la consejera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Susana Román, parece que las posturas de unos y de otros siguen enconadas para encontrar una salida definitiva a una inversión que lleva paralizada casi seis años.
Los inicios de los contactos entre la Ciudad y Dragados se oficializaron en el mes de mayo cuando se firmó un acta de continuación de los trabajos que, como se indicó, técnicamente no significa que la inversión continuaba de manera inmediata, sino que formalmente podían negociar las cantidades que estaban pendientes y que exige Dragados para seguir adelante.
La postura que el Gobierno telegrafió en ese pleno y que, por tanto, habrán sido puestas encima de la mesa en la negociación con Dragados se circunscribían a las dos posibilidades que había: o se pactaba el acuerdo de continuar con los trabajos, lo cual significaría que no existiría ninguna cantidad pendiente de abonar a la empresa adjudicataria o, bien, se rescindía el contrato y por tanto el Ejecutivo estaba obligado a licitar nuevamente lo que aún está pendiente, con un proyecto determinado y esperar la presentación de ofertas de las distintas empresas para entregar el remate a la ganadora de la subasta. Incluso, el mismo portavoz de Caballas, Juan Luis Aróstegui, llegó a recomendar al Gobierno que la mejor solución que podían adoptar era la rescisión del contrato.
Nueva reunión
Es más, ya a finales de diciembre, tanto técnicos de la Ciudad como la adjudicataria de la obra ya se habían citado para tener una decisión consensuada para el quince de enero, pero, por lo visto, ha sido imposible cerrar nada de nada.
Desde el equipo de gobierno ya se manifestó en su día que cuando Dragados decidió denunciar, con arreglo a la anterior Ley de Contratos del Estado podía hacer, y solicitar la paralización de la obra en cuestión porque les debían varios meses de pago de certificaciones, a partir de que la Ciudad se acogió al Plan de Pago a Proveedores ya se liquidó con la empresa adjudicataria las cantidades que estaban pendientes.
