No habrá un plan de atención inmediata a familias sin recursos

La propuesta que llevaba ayer a pleno Caballas para poner en marcha un plan de atención inmediata para familias sin recursos no salió adelante al no contar con los votos favorables del PP.

La idea de la coalición, que se encargó de defender el concejal Juan Luis Aróstegui, pasaba por la puesta en marcha de un programa de atención a las familias que ingresen menos de 600 euros al mes, buscando que el Ejecutivo idee la forma de flexibilizar los pagos de impuestos o suministros básicos. La consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, le propuso una transaccional, trasladando este asunto a la comisión de asuntos sociales que ya trata de abordar problemáticas de calado en estos tiempos de crisis. “Vamos a trabajar estas actuaciones en el seno que ya tenemos para no crear otro grupo”, solicitaba Mohamed, terminando por crispar a un Aróstegui que lamentó que el Gobierno no entendiera lo pretendido por Caballas.
“Se trata de cambiar el concepto, nosotros proponemos una medida excepcional para ayudar a estas personas”, le insistió. Se refería así Aróstegui a las que no dudó en bautizar como auténticos premios Nobel de Economía, es decir, esas personas capaces de llegar a final de mes con 400 euros. “El Gobierno puede hacer un traje a medida de esa economía, suavizando los gastos” para que esos afectados puedan vivir con una “suficiencia mínima”. No se trata, dijo, de “dar forma a la gymkana de la miseria, que estas personas estén pidiendo ayudas” sino de que la Ciudad ajuste sus políticas a estos casos. A juicio de Caballas este plan podía ponerse en marcha sin que pise las asistencias y programas sociales ya vigentes de alimentos, pagos de alquiler o de medicamentos. “Los ciudadanos tienen que creer en esta institución, que tiene que poner en marcha medidas para que sepan que el Ayuntamiento está a su servicio”, espetó.
Ese cambio de concepto que reclamaba Caballas chocó con el planteamiento que, en materia de política social, mantiene la Ciudad. A la consejera Mohamed se le vio ayer contrariada por el hecho de que el PP tuviera que votar que no a un plan de este calado, al verse que su discurso sobre acción social llevado a cabo no conseguía entenderse. De hecho una vez tumbada la propuesta de la coalición, la propia Mohamed pidió poder explicar el sentido de su voto, algo que, ciertamente sorprendido, aceptó el presidente Vivas. Mohamed pidió a Caballas poder trabajar este plan en otro foro, pidiendo la sensibilidad de todos los partidos políticos.

La crisis, motivo de esta propuesta

La justificación que llevó a la coalición Caballas a proponer la viabilidad de este plan es la crisis. Cada vez son más las familias que se ven obligadas a vivir con las ayudas del paro o las bonificaciones sociales. Entiende la coalición que son familias que no forman parte de los otros sectores a los que ya ayuda la Ciudad, tratándose de personas para las que pidió una flexibilización en los pagos de determinados servicios. Se trata, tal y como defendió Aróstegui, de “dar un año de tranquilidad”, por ejemplo, “en algunos gastos”, flexibilizando esos pagos para que los afectados puedan, sencillamente, llegar a final de mes.

Sobre la mesa una propuesta de Caballas de suministro de luz a viviendas

La propuesta de Caballas para modificar el artículo 4º del reglamento que regula la concesión y control de las cédulas de habitabilidad con vistas a que pueda darse suministro eléctrico a viviendas que no la tengan, quedó ayer encima de la mesa ante la necesidad de disponer de informes técnicos y jurídicos que avalen esta posibilidad. El PP se comprometió a, en comisión informativa, analizar esta propuesta con la que, dijo, estaba de acuerdo. Lo que pretende la coalición es acomodar la normativa a la realidad social, evitando el perjuicio que se crea a familias que no tienen regulado el suministro de luz al carecer de cédula de habitabilidad y a pesar de que sus viviendas gocen de las mínimas condiciones de salubridad y seguridad. Caballas reclama que se puedan regularizar todos esos contratos con la Empresa de Alumbrado previa expedición de un certificado que debe dar la Ciudad para permitirlo. “No se trata de legalizar lo ilegal”, adelantó Mohamed Alí, sino ser “coherente y sensible” con estos núcleos poblacionales que, por ejemplo, sí tienen regularizados otros servicios como el agua o teléfono.
La consejera de Fomento, Susana Román, apoyó dicha propuesta pero bajo la necesidad de disponer, ahora, del informe jurídico y técnico que permita que esa propuesta de Caballas sea legal, porque podría caerse en el error de, con esta modificación del reglamento, permitir que se beneficien okupas o viviendas ilegales con sentencia en firme para su derribo. Ante la duda, se dejó el asunto encima de la mesa.