Termina el curso escolar con la vuelta definitiva a la normalidad. Todo parece indicar que así ha sido. Podemos dar por cerrado el (dramático) paréntesis provocado por la epidemia (dos años interminables); y retomar todo aquello que otras prioridades indiscutibles relegaron a un segundo plano. El amplio y profundo elenco de problemas estructurales que carcomen nuestro sistema educativo, se mantiene inalterado cuando no empeorado. No se percibe ni el menor atisbo de cambio (ni siquiera de actitud). Durante este curso, y desde esta tribuna, hemos venido exponiendo los innumerables hechos (incontestables) que nos sitúan en clara desventaja respecto a otros territorios, y muy lejos de los parámetros de calidad que se pueden considerar óptimos. La enumeración se hace ya innecesaria (reiterada hasta la saciedad). La insuficiencia (y deficiencia) de la red de centros, las ratios elevadas, la fosilización (o directamente inexistencia) normativa, la ausencia de planificación, la falta de un órgano propio de diseño de la política educativa, la precariedad administrativa, la escasez de recursos en educación especial… Y claro está, la privación del derecho del profesorado de Ceuta (y Melilla) a la negociación colectiva. Este es un hecho ya más que denunciado; pero es una anomalía que no podemos terminar por asumir como algo natural o como un conflicto irresoluble. Es muy importante que comprendamos el alcance, y las consecuencias, de esta injusticia. Todos los docentes de España (aunque con diferentes ritmos según las distintas Comunidades Autónoma) avanzan en la mejora de sus condiciones laborales. Sin excepción. El último dato relevante ha sido el acuerdo de incremento retributivo en Andalucía. Sin embargo, en el caso de Ceuta y Melilla, todo se mantiene intacto desde hace quince años. La extraña situación administrativa en la que nos encontramos (único territorio sin competencias en educación) permite al Ministerio prescindir de la obligación (legal) de negociar con los representantes sindicales del profesorado. Como es bien sabido, esta vergonzosa vulneración de un derecho fundamental, se intentó disimular con la “creación” de un “Grupo de Trabajo” que funciona como una especie de trampantojo administrativo. Carece de regulación, sus decisiones no tienen carácter vinculante, y se convoca cuando a la administración le parece oportuno (por supuesto, imponiendo el orden del día). Dicho de un modo coloquial, es un “engañabobos”, que sólo tiene alguna utilidad cuando el equipo ministerial quiere que la tenga. Es un órgano ideal para escenificar el ninguneo. Porque esta es la expresión que mejor define la relación entre el Ministerio de Educación y el conjunto del profesorado. El relato del último atropello, puede ayudar a entenderlo con más claridad.
"El profesorado de Ceuta debe despertar de este anodino letargo, de este conformismo improductivo, de esta desidia culpable, de esta resignación frustrante. Podemos, y debemos, hacer muchas cosas. Unidos, activos, combativos, y beligerantes, podemos cambias las cosas. Por la educación, por nuestros alumnos, por nuestros derechos, no podemos seguir mudos. Felices vacaciones a todos y todas"
Finalizando el año 2021, se aprobó una Ley por la que se pretende reducir drásticamente la precariedad laboral en el ámbito de la administración pública mediante un proceso de estabilización que se extiende hasta 2024. Es un proceso de gran importancia y complejidad, ya que es necesario determinar el número de plazas afectadas (las que reúnen los requisitos), y el instrumento más apropiado de los dos que establece la ley para cada caso (concurso oposición, con un modelo transitorio simplificado; o concurso extraordinario). Es fácil entender que se trata de un asunto que requiere de un proceso de negociación con los sindicatos. El ámbito educativo es muy singular en esta materia, porque las plazas se crean y amortizan anualmente (coincidiendo con el curso escolar), el concepto “estructural” está sujeto a muchas interpretaciones, etc…
Así que todos esperábamos la convocatoria por parte del Ministerio de la pertinente reunión para fijar la Oferta Pública de Empleo que debía estar publicada antes de finalizar el mes de mayo. Tan sólo se celebró una reunión (previa) en la Dirección Provincial en la que, sin certeza alguna, se informó de algunos cálculos previos que estaba “manejando” el Ministerio. Ambas partes (la Dirección Provincial y los sindicatos) quedamos a la espera de posteriores reuniones, y de la definitiva del Grupo de Trabajo, para entrar en detalle y concretar. Nunca llegó a celebrarse ninguna otra reunión. Y así, el 24 de mayo, apareció publicada en el BOE la Oferta Pública de Empleo para Ceuta y Melilla especificando el número de plazas para cada uno de los procedimientos (320 plaza en total, 255 por oposición y 65 por concurso). Nadie sabe ni explica de dónde salen esas cifras. Ceuta ha sido absolutamente ninguneada. Decimos Ceuta porque la Dirección Provincial ha corrido la misma suerte que nosotros.
Este no es un asunto menor. Es una demostración palpable del desprecio (por momentos rayando en la chulería) con el que se nos trata. El profesorado de Ceuta no debería permitir esta constante e impune humillación. Aunque sólo fuera por mantener a flote nuestra dignidad profesional. Ahora es tiempo de memorias y evaluación. También deberíamos hacerla sobre esta cuestión. Y prepararnos para el próximo curso.
El profesorado de Ceuta debe despertar de este anodino letargo, de este conformismo improductivo, de esta desidia culpable, de esta resignación frustrante. Podemos, y debemos, hacer muchas cosas. Unidos, activos, combativos, y beligerantes, podemos cambias las cosas. Por la educación, por nuestros alumnos, por nuestros derechos, no podemos seguir mudos. Felices vacaciones a todos y todas.
