La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha publicado este jueves los datos de seguimiento de su campaña iniciada el pasado mes de julio, con la que creó una ‘Red por la Objeción de Conciencia’ dirigida a profesionales sanitarios de todo el territorio nacional que no estén de acuerdo con “dejar a personas sin asistencia sanitaria”.
Según los números facilitados por semFYC, la ciudad autónoma de Ceuta es la única autonomía de España en la que sus profesionales sanitarios “de momento, no se han adherido a esta iniciativa” tal y como han confirmado a esta redacción miembros del área de prensa de la asociación.
Un dato que desde el semFYC han obviado valorar, y han recordado que los sanitarios que quieran sumarse a su iniciativa pueden hacerlo “cuando quieran” en su página web, rubricando el formulario que se facilita en ella.
En lo relativo a los apoyos recabados en el resto de autonomías, un total de 1.731 sanitarios, aseguran desde la asociación que son muy positivos. Melilla si cuenta con un profesional sanitario que ha apoyado la iniciativa, aunque la comunidad que lidera la campaña a favor de una asistencia universal es Madrid, con 378 sanitarios, le siguen de lejos Cataluña (215), Comunidad Valenciana (163), Aragón (142), Andalucía (133), Galicia (115), Castilla y León (99), Baleares (91), Castilla-La Mancha (59), País Vasco (58), Asturias (52) Canarias (51), Extremadura (50), Navarra (46), Murcia (43), Cantabria (26) y La Rioja (9).
Aunque el grueso de los objetores son médicos de Atención Primaria, un 72%, también se han registrado 86 profesionales de Enfermería, 58 internistas, 56 psiquiatras, 31 pediatras, y 21 ginecólogos y obstetras.
“Lealtad con el paciente”
Todos los profesionales sanitarios que apoyan al semFYC reconocen “querer ejercer la objeción de conciencia ante la norma promulgada por el gobierno español en el RD 16/2012 que deja sin prestación sanitaria a personas que hasta ahora habíamos atendido en nuestras consultas”.
Una decisión que basan en “mi lealtad con los pacientes”, lo que les impide “faltar a mi deber ético profesional e incurrir en el abandono”. Por ello optan por la objeción de conciencia “en el contexto de la actividad profesional, es la negativa por motivos de conciencia a someterse a una conducta jurídicamente exigible (...) Es mi voluntad poder seguir atendiendo a las personas que son mis pacientes y que no tienen permiso de residencia”.
