Una madre ha querido denunciar públicamente lo que le ha ocurrido en el Centro de Salud de Otero de Ceuta, en donde asegura que no le facilitaron un justificante médico para acreditar la ausencia escolar de su hija.
Como muestra de que eso es así está la fotografía de un cartel colocado en el que se dice que no se van a expedir más certificados por una legislación vigente y que son los propios padres los que deben justificar esa ausencia escolar.
Según relata, la menor había acudido días antes a Urgencias del Hospital Universitario por un esguince, motivo por el que ya contaba con un parte médico del hospital.
Posteriormente, llevó a la niña a su médica de cabecera, quien la examinó y le recetó el medicamento correspondiente.
Sin embargo, al solicitar un justificante para el colegio, la respuesta fue negativa. La profesional sanitaria le explicó que, con la nueva normativa, ya no se expiden este tipo de documentos para justificar faltas escolares.
Una versión que desmienten por parte del Ingesa, señalando que se sigue expidiendo siempre y cuando sea solicitado por los progenitores. Insisten en que el menor debe acudir a la cita para que se le expida el justificante.
A la madre se le ha indicado que hay una nueva norma, lo que genera una situación complicada para las familias. ¿Qué está pasando entonces?
El centro escolar exige obligatoriamente un justificante para permitir la reincorporación del alumnado tras una ausencia por enfermedad. La profesora tiene que creer en la palabra de los padres si no aporta ese justificante. Pero, además, si hay examen y el niño lo pierde, tiene que justificarlo porque si no, no se lo repiten.
La falta de un documento oficial puede generar desconfianza e incluso dar pie a abusos.
Esto ha ocurrido en Otero, pero en cambio, en el Centro de Salud del Tarajal sí continúan facilitando justificantes médicos sin inconvenientes.
Ante esto existe el temor a posibles irregularidades, con padres que digan que sus hijos estaban enfermos sin estar.
El documento oficial es lo único que puede verificar la verdad.
Esta medida puede derivar en problemas administrativos y situaciones injustas, especialmente cuando el menor sí ha sido atendido por un profesional sanitario, pero no existe un justificante que lo respalde formalmente.
Ingesa niega esa orden contraria, pero el hecho es que se está produciendo e incluso advirtiendo con cartelería.
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