Niegan “fraude documental” en la escolarización de 2013 en el Colegio La Inmaculada

El Juzgado aún no se ha pronuncia-do sobre la petición para no sacar a los cinco niños del colegio hasta que termine el curso.

Dos de las cinco familias con otros tantos niños escolarizados en primer curso de Educación Infantil en el año académico 2013-2014 en el Colegio La Inmaculada cuyos vástagos no podrán volver el lunes a ese centro educativo tras la ejecución de las sentencias dictadas en Primera Instancia y por el TSJA en su contra por irregularidades en la documentación aportada para obtener más puntos en la baremación de sus solicitudes quisieron dejar claro ayer en declaraciones a ‘El Faro’ que “en ningún caso” incurrieron en ningún “fraude documental” durante aquel proceso.
“Es absolutamente injusto acusarnos de tal cosa”, alegó uno de los padres afectados, “cuando en la unidad familiar utilizamos dos viviendas, como ha quedado notarialmente acreditado, en base a las indagaciones realizadas un día por un detective que incluso tomó fotografías en una posible vulneración de los derechos del menor”.
“Quién le puede decir a un niño que entonces tenía tres años que es imposible dormir en una de sus casas”, argumenta este progenitor, que defiende que su hijo llevaba empadronado “mucho tiempo antes del proceso de escolarización” en la casa del centro que le concedió los puntos con los que pudo hacerse con una plaza en el colegio concertado, uno de los habitualmente más demandados cada primavera en relación con su oferta de vacantes de la ciudad autónoma.
La madre de otro de los niños que no volverán a ‘La Inmaculada’ tras el parón lectivo de Semana Santa también se siente víctima de “múltiples irregularidades” hasta la redacción de las sentencias dictadas en contra de siete familias, dos de las cuales no se han visto finalmente afectadas al renunciar otras tantas a ejercer ahora su derecho a una plaza en ese colegio.
En este caso la Justicia apreció que tampoco vivía realmente donde constaba en el Padrón, un edificio en ruinas situado en la calle Real. “Hemos acreditado que viví allí más de quince años y que posteriormente me mudé a Serrano Orive, también dentro del área de influencia del colegio, pero que por cuestiones personales me fue imposible cambiar la inscripción de mi hijo”, ha defendido esta progenitora, que ha destacado que “hasta en las sentencias pone que nos correspondería ese colegio”.
Aunque la Dirección Provincial se ha limitado a ejecutar la última sentencia del TSJA dentro del plazo establecido de tres meses, esta madre ha lamentado que los niños vayan a ser sacados de las aulas y de los grupos en los que han estado hasta ahora “a dos meses de graduarse en Infantil”.
En este sentido el Juzgado todavía no se ha pronunciado sobre la petición para esperar “hasta la finalización de curso y ciclo académico para sacar a los niños del centro “como ha acordado en procesos similares el TSJA”.
Sobre el proceso de rebaremación se ha criticado que se haya limitado a “anular” los puntos obtenidos en su momento por domicilio “sin dar la posibilidad de recibir otros, aunque fuesen menos, con lo que el niño ha pasado de tener dos casas a ser considerado como si no viviese en ninguna”.
La Administración ha ofrecido a las cinco familias las vacantes disponibles en otros centros como el CEIP Andrés Manjón para elegir, algo que han hecho cuatro.