Hay situaciones esperpénticas que deberían ser cortadas del tirón. La devolución de una persona al país por el que ha entrado es lo suficientemente importante como para que estemos asistiendo al show de las contradicciones. Hay mucho en juego, demasiadas personas se juegan su futuro en actos de este tipo para que ni los que parece que se erigen en autoridad suprema sepan qué es lo que se tiene que hacer. Europa se descuelga diciendo que las famosas devoluciones en caliente son legales. Le pone el camino fácil a un ministro, Grande-Marlaska, que todavía no ha dado un paso más allá de anunciar proyectos bajo la etiqueta del ‘queda-bien’. De forma paralela el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dice lo contrario: que esas devoluciones son ilegales y, por tanto, condena a España por la entrega de unos inmigrantes subsaharianos por la frontera de Melilla. Y aquí, ni los delegados del Gobierno que han pasado o que están se ponen de acuerdo en lo que hay que hacer. En los últimos años he visto cómo encaramados que llevaban casi un día sobre la valla eran devueltos, mientras que otros que solo estaban horas eran admitidos y trasladados al CETI. Un fin u otro eran el resultado del pie con el que se había levantado la autoridad gubernativa esa mañana. ¿Esto es serio? No, pero en inmigración nada lo es. En ponerse de acuerdo y coordinar medidas adecuadas, tampoco. Y así tenemos lo que tenemos. Si Europa no se pone de acuerdo, ¿cómo lo van a hacer los demás?, ¿qué papel le toca jugar al ministro de Interior en este ámbito si una autoridad suprema puede desautorizarlo en cualquier momento? En cuestión de vidas, en cuestión de destinos de las personas, en cuestión de futuros inmediatos no se pueden dar ni tantas vueltas ni jugar a escenificar tantos bailes ridículos. Lo que ocurre en las trincheras de Europa es vergonzoso, pero nadie parece tener los mimbres de plantar cara.
