Ya se ha demostrado que no solamente la comunidad educativa de nuestra ciudad, sino también toda la clase política está en contra de la decisión adoptada por el Ministerio de Educación en relación con la supresión de determinadas especialidades en Bachillerato.
Pero una situación como la que se está viviendo en estos días da pie a la necesidad de reforzar, de la manera que los responsables políticos entiendan, los canales de comunicación entre el Ministerio de Educación y la Ciudad Autónoma de Ceuta. Por muchas y muy diferentes razones. Es cierto que las competencias son de la Administración General del Estado, pero también es verdad que la Ciudad Autónoma de Ceuta participa, sin tener obligación de hecho, en muchas de las responsabilidades que el departamento ministerial tiene en nuestra ciudad y además con una lealtad a prueba de bomba de manera independiente a quien sea el partido que gobierne en Madrid. Y en segundo lugar porque no es lógico que una Dirección General que nada más que tiene a Ceuta y Melilla como responsabilidades no intente de alguna manera mantener una postura mucho más dialogan y además para un territorio que tiene únicamente veinte kilómetros cuadrados. La figura jurídica que se emplee para que esos canales de comunicación sean más fluídos en ambas direcciones es lo de menos, lo importante es que exista ese cambio de opiniones sobre lo que debe ser la educación en nuestra ciudad a todos los niveles posibles.
