La “narco-economía”: del ‘pobre’ en apariencia al rico por blanqueo

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, recogida en la reciente Operación Artio efectuada en Ceuta y el sur peninsular, evidencia lo que el Instituto Armado considera una “verdadera” amenaza en toda la Comarca del Campo de Gibraltar y Ceuta: la extensión de la “narco-economía”. Una “economía sumergida de tinte delictivo y contra la propia seguridad del Estado” que busca instaurarse en este “ámbito geográfico de especial riesgo”, en donde “se han consolidado y perpetuado empresas criminales de fuerte proyección delictiva en el mundo del narcotráfico, llegándose a perder el principio de autoridad en la zona”.

Así lo recogen los investigadores del OCON-SUR que se desplazaron a principios de mes para ejecutar la fase de detenciones de ‘la Artio’, teniendo como objetivo dar con las 6 personas físicas que consideró relacionadas con esta trama de blanqueo, cuatro de ellas familiares y también un empresario investigado en las indagaciones efectuadas por la Guardia Civil, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro de Ceuta.

Esa “narco-economía” de la que habla el Instituto Armado se exterioriza “en la implantación de actividades económicas de negocios comerciales, inversiones inmobiliarias, construcción y mejora de viviendas, contratación de productos financieros o adquisición de bienes muebles; todo ello, bajo una financiación ilícita consecuencia de diversas transformaciones del producto del delito, desestabilizando las estructuras económicas y sociales del Estado y que exige su correspondiente reproche penal, dada la alarma social que presentan y el sentimiento de impunidad de estas manifestaciones criminales”.

El origen: partió de la investigación contra una organización dedicada a introducir alijos

En el marco de la investigación seguida en Algeciras contra una organización dedicada a la introducción de alijos de hachís en el Estrecho y Campo de Gibraltar fue como saltaron las alarmas que dieron pie a esta operación, sacando a la luz una auténtica máquina de lavado de dinero mediante compras y ventas de inmuebles, la reforma de viviendas o la adquisición de un taxi.

Llama la atención la cantidad de dinero movido en las distintas transacciones llevadas a cabo así como los ingresos y extractos de las diversas cuentas bancarias abiertas. Y llama la atención por el perfil de los investigados que, tal y como es calificado por los investigadores, se asemeja más al de la casi pobreza, sin constar trabajos con sus debidas cotizaciones y llegando a permanecer muchos periodos en situación de desempleo o viviendo de ayudas.

Es el caso del considerado líder de esta trama al que le consta únicamente un año de trabajo cotizado desde 2002 a diciembre de 2018, pero no obstante entre los años 2012 a 2018 habría realizado un serie continuada de “operaciones económico-financieras por un valor aproximado de 785.744,63 euros consiguiendo aflorar y amasar un conjunto de activos patrimoniales que excedían de forma notaria de su, en apariencia, nula o exigua capacidad económica”. Un perfil que se extiende a los casos de otros investigados, a los que constan movimientos elevados de dinero que nada tienen que ver con los rendimientos legales declarados, con periodos muy cortos de altas laborales y obtención de beneficios de ayudas por desempleo o de carácter social.

Los investigados en conjunto presentan una situación “económica precaria”, dice la Guardia Civil. “Sus ingresos económicos declarados fiscalmente resultan de escasa cuantía y siempre complementados con ayudas sociales y desempleo, no se acercan a las rentas mínimas de supervivencia y pueden calificarse de subsistencia, sin capacidad de ahorro ni de endeudamiento”, recogen en sus indagaciones.

Investigación de OCON-SUR. Se sigue indagando en torno a esta trama, después de que tres de los cinco detenidos entraran en prisión

El OCON-SUR centró sus investigaciones en dos hermanos a los que considera artífices de un “enriquecimiento ilícito con ganancias procedentes de una dedicación profesionalizada al mundo del tráfico de drogas”, llevando a cabo “inversiones transformaciones del numerario obtenido de estas actividades delictivas en el sistema económico-patrimonial normalizado”, concreta la Benemérita, cuyos investigadores han rastreado los orígenes del patrimonio económico dando con una “fuente de ingresos legales de entidad insignificante” propio incluso de “situación de pobreza” por las cantidades declaradas legalmente o las cotizaciones.

Las investigaciones llevadas a cabo recogen operaciones continuadas de miles de euros, además de acumulación de un “conjunto de activos patrimoniales” demasiado llamativo. Las cuentas bancarias servían para “introducir, manejar y lavar dinero manchado de ilicitud dentro del marcando financiero” erigiéndose en instrumento “para la colocación, estratificación e integración tanto de las ganancias, beneficios y réditos del delito subyacente como del producto generado en sus actos posteriores de blanqueo mediante el alquiler de viviendas”. Se detectaron transferencias de dinero entre familiares y adquisiciones de bienes de todo tipo, entre ellos un taxi sin haber elevado esa compra a “público”, pagando como mínimo una cantidad estimada de 120.000 euros, “que de ninguna de las maneras podría haberse soportado dadas las limitadas capacidades de renta de las que disponía su adquiriente, habiendo trabajado únicamente los tres últimos años anteriores a la inversión practicada”.

La compra de la licencia tampoco consta que se hiciera recurriendo a una petición de préstamo. En el caso de las viviendas, se recoge, por ejemplo, la adquisición de una finca previo desembolso en metálico de dinero, sin disponer de una renta disponible pero sin necesidad tampoco de recurrir a financiación externa o bancaria para ello.

Las cantidades de dinero se movían directamente o vía testaferros

El global de la investigación de índole económica/financiera concluye que los principales responsables investigados, pertenecientes al mismo clan familiar, “detentan tanto de facto como formalmente una desmedida y suntuaria masa patrimonial, que para nada encajaría con sus fuentes de ingresos declaradas de orden legal, denotando el sustento financiero que pudiera otorgarle una capacidad económica extraordinaria de presumible perfil delictivo y opaca, muy superior a sus estrechos o inexistentes márgenes de rentabilidad disponibles, que debido a sus directas vinculaciones con el mundo del narcotráfico a razón de sus antecedentes judiciales y policiales con el tráfico de drogas, proyectarían su posible origen en una fuente de riqueza en pro de la referida modalidad delictiva a la que profesionalmente se habrían dedicado durante años”, expone el OCON-SUR.

La introducción del dinero en el canal legal se hacía por operaciones directas o través de la cobertura de testaferros y entidades también bajo investigación judicial.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación, habiéndose dictado ya orden de prisión para tres de cinco detenidos y manteniéndose en busca a más sospechosos.