El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes una nueva sanción por transporte ilegal de pasajeros, conocida popularmente como actividad de taxi pirata, en Ceuta.
La multa llega después de la concentración convocada por el sector del taxi en la ciudad autónoma, que pidió más contundencia ante este tipo de prácticas.
El expediente sancionador ha sido emitido por la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos y conlleva una multa de 1.503 euros, además del precinto del vehículo implicado, un Ford S. Max.
La resolución, fechada el 27 de junio, se ha hecho pública este lunes en el BOE al no haberse podido localizar previamente al sancionado.
Esta sanción se produce tras la última concentración del gremio. A mediados de junio, decenas de taxistas se concentraron en la explanada de Juan XXIII para exigir un freno al intrusismo profesional.
En esa manifestación, el gremio condenó un reciente episodio en el que uno de sus compañeros fue presuntamente agredido por un conductor que ejercía como taxi ilegal, un hecho que ha encendido aún más los ánimos en un sector ya cansado de la falta de medidas efectivas.
Los taxistas reclamaron mayor vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad y medidas que impidan que este tipo de transporte ilegal siga proliferando, sobre todo en zonas como la frontera del Tarajal o en puntos estratégicos de llegada de pasajeros, como el puerto o la estación marítima.
La sanción publicada este lunes se basa en la ordenanza municipal del transporte de viajeros, una normativa que prohíbe de forma expresa ejercer la actividad de transporte de pasajeros sin la correspondiente autorización administrativa. En este caso, además de la multa económica, la resolución contempla el precintado del vehículo como medida adicional de castigo.
Desde la Consejería de Fomento, se recuerda que la actuación se enmarca en el cumplimiento de la legalidad vigente y que las sanciones buscan proteger tanto a los profesionales del taxi como a los usuarios.
El hecho de que el expediente haya llegado hasta el BOE responde al intento fallido de notificar previamente al interesado, lo que ha obligado a hacerlo por vía oficial en el boletín estatal, tal y como establece la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.
Tal y como recoge el propio anuncio, el sancionado dispone ahora de un plazo de un mes para interponer un recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, o bien impugnarla directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente. El expediente está disponible para consulta en la sede de la Consejería, situada en la Plaza de África.
El sector del taxi ha insistido en que la proliferación de los denominados taxis pirata no solo supone una competencia desleal, sino también un riesgo para los usuarios, al tratarse de servicios que carecen de seguro profesional, revisiones técnicas adecuadas y licencias municipales.
Un taxi pirata es un vehículo que transporta pasajeros cobrando por el servicio sin tener licencia o autorización administrativa. A diferencia de los taxis legales, estos conductores operan fuera de la normativa, sin cumplir con los requisitos de seguridad, seguros, tarifas reguladas o revisiones técnicas obligatorias.
Suelen captar clientes en zonas de alta demanda, como aeropuertos, estaciones o fronteras, y ofrecen precios aparentemente más bajos, aunque sin garantías para el usuario. Esta actividad se considera intrusismo profesional y está sancionada por la ley, ya que perjudica a los profesionales del sector y pone en riesgo la seguridad de los pasajeros.
En ciudades como Ceuta, las autoridades refuerzan los controles para frenar su proliferación.
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